El Supremo ordena registrar el despacho del fiscal general en busca de los correos sobre el novio de Ayuso
ESPAÑA
El instructor de la causa abrió este miércoles diligencias previas y requiere a Álvaro García Ortiz para que designe abogado y procurador
11 nov 2024 . Actualizado a las 16:48 h.El Tribunal Supremo inició este miércoles formalmente la primera investigación penal contra un fiscal general del Estado. El magistrado de la Sala Penal Ángel Luis Hurtado -instructor de la causa abierta a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos por supuestamente haber aireado datos de la investigación fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso- dictó un auto en el que incoa las correspondientes diligencias previas y requiere a Álvaro García Ortiz para que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, «a efectos de no generarle indefensión».
Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador, la pareja de la presidenta y acusación particular, que había reclamado, entre otras cosas, acceder al correo de GMail personal de García Ortiz para comprobar si le fueron remitidas a ese buzón las informaciones confidenciales sobre el novio de Ayuso y si de ese mail partió la filtración posterior. El juez Ángel Luis Hurtado también aplaza su decisión sobre la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias, personada como acusación popular.
En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas (que, además de Manos Limpias, son Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento.
Correos electrónicos
El pasado 16 de octubre García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general imputado después de que Sala de lo Penal del alto tribunal acordara por unanimidad abrir una causa contra él por haber supuestamente filtrado a la prensa afín correos electrónicos de la causa, que vieron la luz antes de la publicación de la nota con el membrete oficial del gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que se informaba de varios datos de esa causa.
Con ese comunicado, en el que el Supremo no ve delito porque todos los datos ya se había filtrado previamente, supuestamente García Ortiz quería desmentir las informaciones periodísticas que apuntaban a que había sido la Fiscalía la que había dado el paso de proponer un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y no al contrario. En ese acuerdo, González Amador reconocía haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades por valor de 350.951 euros y aceptaba una pena de ocho meses de cárcel con multa de 489.330 euros. El fraude se habría cometido por el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.
La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de esa nota informativa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso del fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió en primera persona la inspiración del comunicado divulgado el pasado 14 de marzo en el que la Fiscalía confirmaba que había existido una negociación con González Amador para que eludiera una eventual pena de cárcel a cambio del reconocimiento del fraude y el pago de una multa.
El fiscal general siempre se ha escudado en que los datos de ese comunicado ya eran de dominio público por haber aparecido en prensa y que esa nota está amparada por la legalidad porque su objetivo era salir al paso del «bulo» -achacado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez- de que habían sido los acusadores públicos del caso los que habían dado el paso de explorar una salida para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.