Interior deja en el aire la cesión a los Mossos del control de la seguridad en puertos y aeropuertos catalanes

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

ESPAÑA

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña Marta Pérez | EFE

La medida había sido pactada con el Gobierno de Aragonès

04 dic 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

 Después de tres años en blanco, la Junta de Seguridad de Cataluña vuelve a reunirse este jueves, ahora bajo la presidencia de Salvador Illa. En principio, el máximo órgano de coordinación bilateral en materia de seguridad en la comunidad debería rubricar la cesión del orden público de puertos y aeropuertos a los Mossos d'Esquadra, en detrimento de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En concreto, y según reveló La Vanguardia, el propósito del Ministerio del Interior (que desmintió el pasado viernes mediante un comunicado) era ceder a la policía autonómica las competencias en seguridad ciudadana en los puertos de Barcelona y Tarragona y el aeropuerto de El Prat, considerados infraestructuras críticas, además de los de Gerona y Reus. En estos espacios, guardias civiles y policías nacionales pasarían a ocuparse solo de la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal, control de fronteras y extranjería. Además, el pacto entre la Moncloa y la Generalitat incluía también la cesión de las competencias propias del Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza), que ejerce en exclusiva el instituto armado.

La portavoz del Gobierno catalán, Silvia Paneque, evitó pronunciarse ayer sobre si en el orden del día de la reunión de mañana figura el traspaso de estas funciones, que fue pactado hace meses por los Gobiernos de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, aunque no llegó a materializarse por la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña. De hecho, debía haberse aprobado en la reunión programada para el pasado 25 de marzo.

El acuerdo fue llevado con mucha discreción por los equipos de Marlaska y el exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, que se desplazó semanas antes a Madrid para acordar los detalles y el calendario. Sin embargo, el tema acabó en un cajón ante el miedo de que en campaña electoral el traspaso de nuevas competencias a la policía catalana pudiera interpretarse como una nueva cesión a los independentistas catalanes. Elena recibió una carta del ministro con la cancelación unilateral, una decisión que no gustó nada en la Generalitat, que calificó entonces la decisión de «partidista».

De llevarse a cabo, el acuerdo significaría una pérdida de peso muy notable para la Guardia Civil en Cataluña, puesto que las tareas en puertos y aeropuertos y puertos, así como todas las relacionadas con el medio ambiente, son algunas de las pocas que todavía conserva en exclusiva en la comunidad.