El juez pide al Supremo imputar a Alvise por delito electoral y financiación ilegal
ESPAÑA
Calama considera probado que los 100.000 euros que recibió del empresario de las criptomonedas sirvieron para financiar su campaña de las Europeas
20 dic 2024 . Actualizado a las 11:59 h.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del sumario sobre macro estafa del chiringuito financiero de Madeira Invest Club, ha enviado al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pide que investigue al controvertido influencer ultra y hoy eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por delito electoral y de financiación ilegal de partidos políticos. Calama considera que hay indicios sólidos de que los 100.000 euros en metálico que Alvise recibió de Álvaro Romillo, dueño del Madeira Invest Club, fueron destinados a costear su compaña al Parlamento Europeo con la agrupación Se acabó la fiesta, que finalmente consiguió tres sillas en Bruselas. Alvise, no obstante, sigue sosteniendo que es dinero fue un «pago sin IVA» por unos servicios que le prestó a Romillo y que su única irregularidad sería fiscal por no haber declarado ese dinero a Hacienda.
En su auto, el titular del Juzgado de Instrucción Cuatro considera que existen «indicios sólidos» de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo y, por tanto, debe ser el Tribunal Supremo el competente para continuar la instrucción debido al aforamiento que tiene.
El magistrado incluye en su escrito los indicios contra el empresario que pagó los 100.000 euros, Álvaro Romillo, para que también le investigue el Alto Tribunal de forma conjunta con Alvise, al apreciar una «íntima conexión» en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, «la cara y cruz de una misma moneda». En el caso de Romillo, el magistrado considera que podría tratarse de una «actividad activa de donación o de aportaciones ilegales», que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.
Calama expone en su resolución los indicios delictivos que se han puesto de manifiesto a través de la denuncia presentada por el propio Romillo, los documentos y el informe pericial, así como por la declaración judicial del empresario, investigado a la vez en otra pieza por la supuesta estafa de la plataforma Madeira Invest.
La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que el eurodiputado Luis Pérez Fernández solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público.
Estas donaciones estaban destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo del 2024 por parte de la agrupación electoral que bajo el nombre de «Se acabó la Fiesta» (SALF), estaba encabezada por Luis Pérez. Tanto los servicios prestados por Álvaro Romillo para la apertura de la wallet, así como la entrega de 100.000 euros referidos, fueron efectuados por este con la intención de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club.
De esta forma, señala Calama, perseguía conseguir nuevos inversores a los que venía cobrando un 10 % de la inversión. Esta comisión la compartiría con Luis Pérez si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido. Así, el primer acto de colaboración tuvo lugar el pasado 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela. En este evento Luis Pérez Fernández, ante un grupo de 3.000 inversores de Madeira Invest Club, hizo defensa de su plataforma de negocio que, según afirmaba, quedaba fuera de cualquier control financiero, y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella.
Al mismo tiempo, continúa el auto, Luis Pérez expuso su programa político para su candidatura europea basada en la libertad financiera. En este sentido, en un mensaje de audio Álvaro Romillo expresó a Alvise que el día anterior había salido «la obra» (de Madeira Invest Club), y habían recaudado 100 millones de euros en 53 minutos.
El instructor considera que los hechos podrían calificarse como delito de financiación ilegal del artículo 304 bis del Código Penal. Se trata, explica, de un delito de mera actividad, que no requiere que se produzca el resultado ni cabe su comisión por omisión, por lo que se entiende consumado con la mera conducta sin necesidad de que se dé el resultado. «No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino el solo hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión», concluye.