La imposición del Gobierno de una norma ómnibus frustró el acuerdo en el Congreso
ESPAÑA
El Ejecutivo era consciente de que el PP y Junts rechazaban algunas de las medidas incluidas en la norma
23 ene 2025 . Actualizado a las 19:54 h.La decisión del Gobierno de no presentar un decreto que contuviera únicamente la subida de las pensiones o la prórroga de las ayudas al transporte, optando por incluirlas en un decreto ómnibus que incluía 101 artículos, cinco disposiciones adicionales y 15 disposiciones finales que modificaban otras tantas leyes, además de varios anexos, impidió que se llegara a un acuerdo en el Congreso, a pesar de que la mayoría de los partidos están de acuerdo con las medidas sociales.
El Gobierno era consciente de que la gran mayoría del Parlamento estaba dispuesta a votar a favor de medidas como la subida de las pensiones, pero también de que otras medidas incluidas en el decreto ómnibus no contaban con el apoyo de la mayoría. A pesar de eso, optó por juntar en un único decreto medidas sobre cuestiones muy dispares.
Prohibición de desalojos
Entre ellas estaba la cesión por parte del Estado al PNV de un palacete en París, que contaba con el rechazo del PP y de Vox, pero también cuestiones como la prórroga hasta final de 2025 del decreto anterior que impedía el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida impedía que cualquier okupa o inquiokupa fuera desalojado de una casa ocupada pese a tener una sentencia judicial firme. Una medida que tampoco contaba con el apoyo del PP, de Vox y de Junts.
El Gobierno incluyó también en el decreto ómnibus la prórroga del salario mínimo interprofesional de 2024, es decir, 1.134 euros al mes en 14 pagas, a la espera de que el Ejecutivo y los agentes sociales pactasen una nueva subida. Al rechazar el Congreso el decreto la prórroga queda sin efecto. Algo que implicaría que ahora mismo no exista un salario mínimo obligatorio, aunque el Ministerio de Trabajo busca ya las fórmulas para impedir ese vacío legal.
El decreto incluía también la prohibición de interrumpir servicios esenciales como agua, luz y gas a los consumidores vulnerables. Una medida que se ha ido extendiendo desde la pandemia y que ahora queda derogada tras el rechazo del Congreso.