El jefe del Ejecutivo es el único con la potestad para presentarla en el Congreso
28 ene 2025 . Actualizado a las 21:19 h.La Mesa del Congreso, en la que tienen mayoría el PSOE y Sumar, tramitará la proposición no de ley que insta al Gobierno a presentar una cuestión de confianza. Junts la propuso el 10 de diciembre. Desde entonces, Carles Puigdemont ha llegado a suspender todo tipo de negociación hasta que no se aprobara. Ayer, el Gobierno anunció que cuenta con los apoyos para desbloquear 29 de las 80 medidas del decreto ómnibus que fue rechazado la pasada semana por el partido independentista, el PP y Vox. Junts está en la ecuación porque precisamente se incluyó el asunto de la cuestión de confianza, que se estudiará la semana próxima en la Mesa del Congreso. El Ejecutivo, eso sí, deberá encajar los argumentos de sus socios de investidura y de los partidos de la oposición. Toda proposición no de ley conlleva su debate en el hemiciclo con participación de un representante de cada Grupo Parlamentario. El partido posconvergente estima que entre febrero y marzo tendrá lugar el debate que reclamaba desde hace más de un mes. El texto que validará previsiblemente la Mesa será muy similar al que fue aplazado el 16 de enero, aunque Míriam Nogueras, portavoz del partido catalán, considera que podría contar con alguna modificación técnica que no cambiaría el objeto de la proposición.
Pedro Sánchez anunció este martes el acuerdo con Junts, pero aclaró que «el Gobierno no ve necesidad» de promover una cuestión de confianza. Si la Cámara Baja aprueba la proposición de Junts, que contó con la validación de los letrados del Congreso, el Ejecutivo no tendría ninguna obligación legal de presentarla.
La oposición y Junts
Los dos socios del Gobierno tienen el control mayoritario de la Mesa, pero una vez la iniciativa de Junts pase al pleno cambian las tornas. Si los independentistas (siete diputados) suman sus votos a PP (137), Vox (33) y UPN (uno), la proposición no de ley saldrá adelante. Para los posconvergentes, el debate y la posterior votación servirá para calibrar la credibilidad del Ejecutivo ante los 350 diputados. Junts, además, usará el debate para erigirse como un socio distinto a los demás, sobre todo de Esquerra Republicana: «No formamos parte de ningún bloque español. Ni PP ni PSOE, Cataluña», remarcó Nogueras, que añadió que tienen mucho que decir en el eventual debate.
El jefe del Ejecutivo ya remarcó que la proposición no de ley «reconoce lo que dice la Constitución». La carta magna reconoce a la Presidencia del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, la potestad de presentar ante el Congreso la cuestión de confianza, que se aprueba o se rechaza con mayoría simple.
Si la mayoría del hemiciclo vota a favor de esta cuestión, el Gobierno se mantiene. La situación cambia cuando, una vez presentado este mecanismo legal, el Pleno le retira la confianza al Ejecutivo. Según refleja el artículo 114 de la Constitución, «si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno». Sea cual sea el resultado, el presidente del Gobierno debe comunicárselo al rey.
Dos precedentes
Solo hay dos precedentes en España desde 1978 y ambos tenían objetivos similares. Tanto Adolfo Suárez como Felipe González buscaban la confianza del Congreso antes de acometer reformas o medidas de trascendencia para el Estado. La estrenó Adolfo Suárez en 1980, cuando ni siquiera estaba aprobado el Reglamento de la Cámara Baja. Una década más tarde, Felipe González perdió la mayoría en la carrera de San Jerónimo. Con 175, le faltaba un diputado. Fue Luis Cardones, de Coalición Canaria, el parlamentario que respaldó al presidente.
Perder una cuestión de confianza no tiene como consecuencia directa la convocatoria de elecciones. Conlleva «el cese de todo el Gobierno» y el reinicio de lo estipulado en el artículo 99 de la carta magna. El presidente pasaría a ejercer en funciones hasta que el rey iniciara los trámites para designar al candidato para formar a un nuevo Gobierno. Tanto PP como Vox han instado a Junts a que les apoye en una moción de censura con el único fin de convocar elecciones.
Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso: «El decreto ómnibus es historia»
Junts se reivindicó una vez más como el socio imperturbable del Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, recordó varias veces en una rueda de prensa el «pieza a pieza» o «carpeta a carpeta» que define para los posconvergentes esta etapa de diálogo con el Gobierno de coalición. «Hoy [por ayer] el real decreto ómnibus es historia, ha sido eliminado, ha desaparecido y se ha hecho un único decreto que incluye medidas urgentes y sociales», remarcó la política barcelonesa.
«Entendemos perfectamente que haya salido el señor Sánchez a rectificar el error que tanto él como el Gobierno español cometieron la semana pasada», añadió, antes de recordar —lo hizo en varias ocasiones durante su comparecencia— la aritmética parlamentaria: «No tiene mayoría [...] Si quiere aprobar iniciativas o reales decretos tiene que negociar con todos los partidos de los que necesita sus votos». El jefe del Ejecutivo apeló hace cinco días a «la responsabilidad» y «el sentido común» de sus socios de investidura para aprobar el mismo real decreto que fue rechazado
Nogueras destacó, entre las medidas que deberían pasar el trámite del Congreso próximamente, la revalorización de las pensiones, los descuentos en el transporte público y las ayudas a los afectados por la dana.
La portavoz hizo hincapié, en su balance del último acuerdo con el Ejecutivo central, en «la protección de los propietarios». Explicó la portavoz que, fruto de sus conversaciones con el Gobierno, «la Administración del Estado asume el impago del alquiler y los destrozos de los inmuebles». Y, además, reivindicó una realidad de la distribución de competencias de vivienda: «Será la Generalitat la que gestione todos estos recursos».
Diálogo descongelado
El pasado 17 de enero, el presidente de Junts, Carles Puigdemont, aseguró desde Bélgica que las negociaciones con el Gobierno quedaban suspendidas hasta que la proposición no de ley relativa a una cuestión de confianza fuera admitida a trámite. Nogueras pronunció su respuesta más escueta para confirmar que las negociaciones ahora «se han descongelado». El próximo paso serán las medidas de ámbito financiero que quedan fuera del nuevo decreto. Una ocasión en la que Junts sacará a relucir sus «carpetas pendientes».
Cuestionada por los Presupuestos Generales y por las competencias en materia de inmigración —exigencia de Junts—, Nogueras respondió con un «pieza a pieza», al «partido a partido» que enunció Pedro Sánchez horas antes.
Gabriel Rufián, de ERC: «¿Y había que perder dos semanas para esto?»
El Gobierno cuenta con cinco socios de investidura que son estrictamente necesarios para sacar adelante sus medidas en el Congreso. Junts es el único que bloqueó el decreto ómnibus. Ahora, con el sí posconvergente a un real decreto parcial, Esquerra Republicana criticó la actitud de Junts: «¿Y había que perder dos semanas para esto?», se preguntó en redes sociales Gabriel Rufián, portavoz republicano en la Cámara Baja.
El diputado señaló que la gestión de esta negociación de Junts «es humo, pero es humo que vende en Cataluña». A su juicio, lo preocupante es «el mal mensaje» que deja esta negociación por el hecho de que Junts tumbara un decreto ley —que incluía, entre otras cosas, la subida de las pensiones conforme al IPC y las ayudas al transporte público— y seis días después el Gobierno haya llegado a un acuerdo con los de Carles Puigdemont para presentar otro: «Joder a la gente tiene premio».
Su homóloga en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, celebró que «el decreto se aprobará con todas las medidas del escudo social». La política aberzale añadió que así lo exigieron al Ejecutivo y remarcó que «es positivo que Junts rectifique y apoye ahora las medidas». El líder de la formación, Pello Otxandiano, aseguró que EH Bildu aboga por acabar la legislatura ante la existencia de una «revolución de extrema derecha a nivel mundial, que está operando con todas las estrategias y herramientas a su alcance».
Desde el PNV, aseguraron que el nuevo decreto contará nuevamente con el traspaso del edificio en la avenida Marceau de París, de titularidad estatal y actualmente ocupado por el Instituto Cervantes. El partido nacionalista reclama su propiedad; alega que fue comprado con fondos propios del partido y requisado por la Gestapo, que lo entregó posteriormente al franquismo. El Ejecutivo —así lo refrendó ayer Pedro Sánchez— comparte criterio con los peneuvistas. La formación ya procedió a cambiar la titularidad en el registro, pero remarcó que su inclusión en este nuevo real decreto ley apuntalará «la seguridad jurídica de esta justa restitución».