La medida se aprobará este martes en el Consejo de Ministros
10 feb 2025 . Actualizado a las 22:09 h.El Gobierno concederá autorizaciones de residencia y trabajo, con un año de vigencia, a migrantes afectados por la dana de Valencia. La medida, adelantada por El País y confirmada por fuentes gubernamentales a Efe, afectará a aproximadamente 25.000 personas, según las cifras que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz. Está previsto que la medida se incluya hoy en las decisiones del Consejo de Ministros. De validarse en el Congreso, sería la primera regularización en casi veinte años.
La autorización se debe a circunstancias excepcionales sobrevenidas, lo que la diferencia de casi todas las anteriores. De este tipo solo hay un precedente: el Ejecutivo de José María Aznar anunció una regularización similar, que permitió a más de 600 personas —según la Comisaría General de Extranjería y Documentación— obtener permisos de residencia.
La medida abarca a todos aquellos vecinos en situación irregular que estuvieran empadronados en alguno de los municipios afectados por la dana o que, al menos, iniciaran los trámites para estarlo antes del 4 de noviembre. El pasado 29 de enero, la ministra Elma Saiz aseguró que su departamento estaba estudiando «desde el absoluto rigor jurídico» las medidas a adoptar por la dana.
La autorización abarca también a los cónyuges de los solicitantes, así como a los hijos menores de esta unidad familiar e hijos mayores, pero con un grado de discapacidad que limite su autonomía. Las prórrogas y autorizaciones tendrán una duración de un año. En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana, la medida tendrá una vigencia de cinco.
La concesión automática de prórrogas y renovaciones de permisos ya concedidos beneficiará a estudiantes, voluntarios y los titulares de autorizaciones de larga duración que estén cerca de expirar, de modo que estos no caigan la irregularidad porque no pueden renovar sus permisos o porque ya no cumplen los requisitos para obtenerlos.
«Han oído nuestro reclamo [...] las personas en Valencia quedaron en el abandono de las instituciones y las administraciones», aseguró a Europa Press Victoria Columbia, del movimiento Regularización Ya. Esta y otras organizaciones han criticado los requisitos para obtener los permisos. Aseguran que medir las ayudas por el padrón municipal dejará fuera a muchos migrantes en situaciones precarias.
En abril del año pasado, la Mesa del Congreso votó a favor de iniciar la tramitación de una iniciativa legislativa popular —avalada por 700.000 firmantes— para llevar a cabo la regularización extraordinaria de 500.000 simpapeles residentes en España.