El Supremo confirma a Laura Borràs la condena de 4 años y medio por prevaricar

Los nubarrones continúan sobre la expresidenta de Junts condenada a prisión en el 2023 por corrupción. Ayer, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó por unanimidad la condena a 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros impuesta a la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por adjudicar de forma irregular a un conocido suyo, mediante 18 contratos menores, la elaboración del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que ella dirigía entre el 2013 y el 2018, por valor de 335.700 euros. Y lo hizo prescindiendo «del procedimiento administrativo de contratación preceptivo y las exigencias que comportaba la libre concurrencia y precio».

Además, el tribunal, de acuerdo con la Fiscalía, rechazó su petición de que se le aplicase la ley de amnistía ya que los hechos probados se enmarcan en la corrupción y «no guardan relación alguna con el proceso independentista». Pese a la alegación de la condenada de definirse con un «perfil netamente independentista», en ninguno de los apartados de la ley de amnistía puede encuadrarse su conducta, concluye el Supremo, pues el hecho probado se refiere a una contratación administrativa obviando la normativa prevista para evitar la corrupción.

En manos de Bolaños

Ante lo expuesto y siendo firme la sentencia, el futuro político de Borràs queda hipotecado hasta el 2038, cuando cumplirá la pena de inhabilitación. Ahora bien, como el Tribunal Superior Justicia de Cataluña (TSJC), encargado de la ejecución de la condena como ente sentenciador, propuso un indulto parcial para dejar en dos años la pena de prisión, a lo que no se opone la Fiscalía, lo más probable es que Borràs no entre en la cárcel. De tramitarse la petición de perdón, su futuro quedaría en manos de la sección de indultos del Ministerio de Justicia dirigido por Félix Bolaños.

En su recurso, la expresidenta del Parlamento catalán cuestionaba la proporcionalidad de la pena alegando que el TSJC la calificó de «desproporcionada y excesiva» y apoyándose en el voto particular discrepante de una magistrada que reclamaba una condena inferior, pero la Sala de lo Penal del Supremo desestimó íntegramente la apelación de la política. Es más, considera que la pena es «proporcionada».

Arguye el alto tribunal que «los hechos probados se enmarcan en una conducta inserta en la corrupción de un funcionario público que se sitúa al margen de la ley». Abunda el Supremo en que «la conducta típica en los delitos de corrupción se centra en la obtención de puestos dentro del Estado, directamente o a través de influencias, para delinquir...». «En ocasiones, desde esa ocupación, directa o indirecta, se utiliza el puesto estatal para extorsionar a personas, físicas o jurídicas, o para asegurarse la adjudicación de contratos [...], alterando las condiciones de la libre concurrencia», subrayan los magistrados.

La sentencia, cuya ponencia recayó en el presidente en funciones de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, concluye que el alegato de la recurrente «es difícilmente atendible, dada la entidad del daño producido, porque no solo se ha producido un quebranto patrimonial, al Estado o a terceros concurrentes, sino también un daño a las normas de convivencia y de ordenación social».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, reaccionó acusando al Supremo de «ensañarse» con Borràs y calificó a la Justicia española como «el Guantánamo de la Justicia europea», además de hablar de «lawfare» de manual.

---

---

---