El Gobierno y las autonomías gobernadas por el PSOE aprueban la condonación de 83.000 millones de deuda. Los populares reprueban el acuerdo bilateral del Gobierno con ERC
26 feb 2025 . Actualizado a las 21:14 h.Los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, y el de Canarias, también del PP, se levantaron de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado su propuesta para condonar hasta 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas.
«No podemos aceptar las migajas del pacto de Sánchez con los independentistas», proclamaron algunos de los consejeros populares a su salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se estaba celebrando este miércoles en el Ministerio de Hacienda. «Nos encontramos con acuerdos que se toman en otros foros y que nos los traen aquí para ratificar», expuso Miguel Corgos, el conselleiro de Facenda de la Xunta, que ha ejercido como primer portavoz de los consejeros de las comunidades del PP. «No podemos ser una comparsa de algo que ya viene acordado en otro lugar», añadió.
«No queremos seguir trabajando así, esto no es construir el estado de las autonomías», ha abundado Corgos, que ha añadido que lo que se le reclamaba al Ministerio de Hacienda es que presentara un nuevo plan de financiación para las comunidades, algo que se contemplaba hasta hace apenas dos semanas, pero que ya se cayó de la agenda la semana pasada.
Fue cuando se llegó al punto número cinco, explicó el dirigente gallego, cuando los consejeros del PP, al constatar que se iba a hablar de la condonación «de la que nos enteramos por el Telediario», se levantaron de la mesa.
Los consejeros de Hacienda de las autonomías gobernadas por el PP abandonaron la reunión al considerar que se trataba de una «trampa» del Ejecutivo. Sí aprobaron los primeros puntos del orden del día y la elección de una vicepresidencia del CPFF. Pero no quisieron quedarse a los puntos cinco y seis, que abordaban el reparto de la recaudación del impuesto a la banca y a la condonación de la deuda autonómica .
En una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, os 12 consejeros populares de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla expresaron su oposición a que el CPFF abordara la mutualización de la deuda «porque dicha decisión se plantea con el propósito de sostener una mayoría parlamentaria», como prueba el hecho de que fuera ERC la que lo anunciara. Tacharon por ello la decisión de «arbitraria», «discriminatoria» y «politizada».
Los consejeros del PP consideraron que el CPFF «carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza, requiere una ley orgánica». Ante ello, declinaron participar en la votación. Exigieron además que «no se retrase más la reforma del sistema de financiación autonómica».
Ciudadanos de primera y de segunda
Expresaron su condena a «la artimaña de la bilateralidad con los separatistas» con la que el Gobierno pretende «camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda». Manifestaron que si otros dirigentes «han renunciado a su modelo de Estado, nosotros no y lo seguiremos defendiendo todos a una».
En la carta firmada por todos los consejeros populares se reclama además al Gobierno un compromiso «de ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica, como se hizo en las reformas de 1997 y 2001». La misiva solicita la creación de un «Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación» que padecen todas las comunidades. Exigen además la creación de un fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema para garantizar «la igualdad en la prestación de servicios públicos».
Manifiestan asimismo la necesidad de garantizar «una verdadera cogobernanza de los Fondos Next Generation» de la UE y acusan al Gobierno de asestar «uno de los mayores ataques al Estado de las autonomías en 46 años de democracia».
Entregas a cuenta
Reclaman blindar el respeto a la autonomía fiscal de las comunidades, asegurando que el Gobierno «pretende la independencia fiscal de Cataluña mientras amenaza con maniatar a las comunidades instándonos a asfixiar a impuestos a los ciudadanos.
Los consejeros del PP solicitaron además «que se proceda a actualizar las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio fiscal 2025» para «garantizar una adecuada planificación financiera» en las comunidades. Exigen que se mantenga el mecanismo del programa del Fondo de Liquidez Autonómica, «que, por primera vez desde su creación, no aparece reflejado en el programa», y la «absorción» de la deuda generada por los gastos extraordinarios de la Comunidad Valenciana debido a la dana.
El Gobierno y las autonomías socialistas aprueban la condonación de la deuda
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la propuesta de condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas en una votación en la que solo participaron las comunidades socialistas. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en rueda de prensa que esta aprobación es «un primer paso necesario» para una medida «inédita» que va a beneficiar a todas las comunidades del régimen común al mejorar su posición financiera y a facilitar su acceso a los mercados.
Tras el plante de las autonomías del PP, en el encuentro se mantuvieron las tres regiones gobernadas por el PSOE —Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha—, así como Navarra, también socialista, pero que no participa en la votación por tratarse de una cuestión que no le afecta por disponer de un régimen foral.
«Es una dejación de funciones sin precedentes», dijo Montero sobre el plante del PP, añadiendo que «han preferido no votar en contra» de la condonación porque «no se atreven a explicarlo en sus territorios ni tampoco a no seguir la instrucción que les ha dado Génova». «Los responsables públicos tenemos la obligación de representar a nuestros ciudadanos, esto ha sido una dejación de funciones. Nunca antes los consejeros autonómicos, fuera del color político que fuera el Gobierno se España, se habían ausentado de este consejo, renunciando a su responsabilidad», aseguró Montero.