El juez del Supremo señala ya el banquillo al fiscal general: «Hay indicios suficientes»
ESPAÑA

Hurtado, que levanta la imputación al número dos de García Ortiz, sostiene sin embargo que hay pruebas de que el fiscal general y la fiscal provincial también pudieron tomar parte en el soplo de datos «íntimos y privados» a la prensa al margen del correo del abogado del novio de Ayuso
26 feb 2025 . Actualizado a las 17:55 h.Ángel Luis Hurtado, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, desestimó los recursos de reforma presentados por ambos contra el auto del pasado 13 de enero. En él, el magistrado les imputó formalmente al entender que en la causa había posibles pruebas para acusarlos de estar involucrados en la filtración la mañana del 14 de marzo del 2024 del correo completo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que este reconocía los dos delitos fiscales de su cliente. Pero ahora, Hurtado dice que ya hay también «elementos indicios suficientes» de que el máximo responsable del ministerio público y Rodríguez pueden estar igualmente relacionados con otra filtración el día antes. Se trata, explica el juez, del supuesto soplo a la cadena Ser sobre la existencia de ese famoso correo, aunque sin llegar a publicarlo en su integridad.
Este auto, en el que Hurtado afianza sus acusaciones señalando su voluntad de llevar al banquillo a García Ortiz y a Rodríguez, tiene su otra cara en otra resolución en la que el magistrado instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a la mano derecha del fiscal general, el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez. El motivo es que considera que no hay motivos suficientes para mantener su imputación. El juez toma su decisión de apartar del procedimiento a este tercer imputado, «a la vista de la propia declaración de Villafañe como investigado puesta en relación con otras diligencias de investigación, como la declaración de varios testigos e informes de la UCO sobre las llamadas y mensajes de los otros investigados».
En lo que respecta al fiscal general y a la fiscal provincial, el magistrado rechaza de manera tajante archivar la causa a pesar de las críticas de ambos de que ha omitido «una serie de contraindicios» de la inocencia de ambos. Entre los argumentos de estos se encuentra el hecho de que el correo con datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuya filtración se investiga en la causa fue remitido a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos. También que esta correspondencia estuvo a disposición de un número indeterminado de personas.
Es en ese punto en el que Hurtado destaca que «ello es indiferente, en la medida de que, aunque así hubiera ocurrido, lo determinante para dirigir el procedimiento contra los recurrentes, es que considera este instructor que hay elementos indiciarios suficientes para atribuirles la filtración, a las 23.51 horas del día 13 de marzo de 2024 en la Ser, de la información contenida en ese correo de 2 de febrero del 2024, que recoge datos personales tan íntimos y privados». Hasta ahora, y así lo había establecido el Supremo, la investigación estaba acotada a la filtración física del correo que fue publicado el 14 de marzo a las 9.06 horas de la mañana por El Plural.
El instructor detalla que para mantener la imputación de María Pilar Rodríguez hay que tener en cuenta especialmente la «relevante participación que tuvo para hacer llegar, en la noche del día 13, el correo litigioso, de 2 de febrero del 2024, desde el fiscal Julián Salto (fiscal del caso de Alberto González Amador) hasta Álvaro García Ortiz».
En cuanto al fiscal general, destaca el juez «los indicios que apuntan al interés que mostró por hacerse con el correo de 2 de febrero del 2024, y que, cinco minutos después, inmediatamente de cerrar el círculo, aparezca filtrado su contenido en un medio de comunicación».
El juez, asimismo, rechaza los argumentos de los dos imputados de «equiparar» la filtración del correo del 2 de febrero (el del reconocimiento de los dos delitos) con la «divulgación autorizada» que supuestamente el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, hizo de otro correo del 12 de marzo en el que el fiscal Salto se mostraba abierto a un pacto.
La UCO revela que el fiscal general no ha devuelto sus móviles antiguos después de la filtración
Desde mediados del 2023 Álvaro García Ortiz solo ha cambiado el terminal de su teléfono oficial dos veces y las dos veces lo hizo después de que en marzo del año pasado se produjera la filtración del correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que este reconocía que su cliente había cometido dos fraudes a Hacienda. Lo más curioso del asunto es que el imputado no ha devuelto los aparatos usados oficiales al Ministerio de Justicia, que es el propietario de esas terminales desechadas por el imputado. Así lo revela el último informe de la UCO, fechado el pasado 21 de febrero, y remitido al juez Ángel Luis Hurtado, el instructor de la causa abierta en el alto tribunal contra el fiscal general por presuntamente haber participado en las maniobras para filtrar el famoso correo electrónico del letrado de Alberto González Amador.
La Guardia Civil constata que, según obran en los documentos de Justicia, desde el 31 de junio del 2023, fecha límite por la que preguntaba el juez, y la actualidad, la administración le ha entregado a Álvaro García dos terminales. Un Samsung A54 el 24 de mayo del 2024, más de dos meses después de la filtración, y otro Samsung S24 el 18 de diciembre del pasado año, ya después de ser encausado en el Tribunal Supremo. Antes de la filtración, no consta que el imputado solicitara cambiar de teléfono.