La Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan a Puigdemont, y solicitan que sea amnistiado

Fiscalía y Abogacía del Estado coincidieron de nuevo ayer en el Tribunal Supremo en su petición de perdón para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado en Bélgica tras declarar la independencia de Cataluña. El alto tribunal celebró este lunes una vista de poco más de una hora para analizar el recurso de Puigdemont, y de sus ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, contra la decisión del juez instructor Pablo Llarena de no concederles la amnistía por el delito de malversación.

En julio, el magistrado dictaminó que los líderes independentistas desviaron fondos de otras partidas para llevar a cabo la consulta ilegal, en lugar de hacerlo de su propio bolsillo, lo que, en su opinión, supuso un enriquecimiento personal. Dos meses después, el magistrado se ratificó en su postura, que fue recurrida de nuevo por las defensas, y que ayer llegó a la sala de apelaciones, conformada por Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo.

En su intervención, la teniente fiscala Ángeles Sánchez Conde acusó al Supremo de haberse «inventado» una tesis «artificiosa» que ha provocado «una errática aplicación de la ley de amnistía», que se acabó concediendo a algunos encausados y denegando a otros. La mano derecha del fiscal general del Estado calificó de «cuando menos sorprendente» el argumento de Llarena e insistió en que la interpretación que hace ahora sobre la malversación «no fue nunca señalada ni por el instructor, ni por la acusación pública, ni por la acusación particular, ni por la popular, ni apreciado por los diferentes órganos judiciales». Más breve, pero en la misma línea, la Abogacía del Estado, también abogó por conceder la amnistía.

Por su parte, las defensas de los afectados pidieron al Supremo que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y deje la medida de gracia en manos de la magistratura catalana, ya que ni Puigdemont ni Comín, huidos de la Justicia española, son ya eurodiputados. El abogado de ambos, Gonzalo Boye, cargó de nuevo contra el alto tribunal, que a su juicio hace una interpretación que «contraviene el espíritu y la letra» de la norma pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios independentistas. «No tengo ninguna duda de que el legislador pretendía la aplicación a todos los hechos y delitos relacionados con el referendo del 1-O, también los tipificados como malversación», remachó el letrado.

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