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El juez autoriza que la UCO acceda a una década de movimientos bancarios de Ábalos

M. Saiz-Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El exministro de Transportes y diputado no adscrito, José Luis Ábalos.
El exministro de Transportes y diputado no adscrito, José Luis Ábalos. Borja Sánchez-Trillo | EFE

Pide a Caixabank y Hacienda información contable y tributaria e investigar la Fundación Fiadelso, en la que figuran familiares del exministro

21 mar 2025 . Actualizado a las 10:47 h.

Leopoldo Puente, el juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha aceptado la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para acceder a todos los movimientos bancarios y fiscales del exministro José Luis Ábalos; además de poder consultar las cuentas de la Fundación Fiadelso, propietaria de dos inmuebles en Perú y a la que están vinculados varios miembros de la familia del todavía diputado.

El magistrado justifica en una resolución esta vastísima investigación para, entre otras cosas, saber si el exministro tiene un patrimonio oculto fruto de «ingresos irregulares» o si existen «salidas de dinero» que justifiquen que su exasesor en Transportes, Koldo García, oficiara como una suerte de cajero para sufragar los gastos del propio imputado y de buena parte de su familia. En concreto, Puente se dirige a Caixabank y a la Agencia Tributaria para reclamarles una ingente cantidad de documentación, tal y como le había solicitado la UCO el pasado 17 de marzo, que aseguraba que con la simple consulta de las «fuentes abiertas» y el material incautado a Koldo García, solo podía realizar un «informe preliminar» sobre su patrimonio. El juez reclama los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, como pide la UCO, al considerar preciso extender estas pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en «conocimiento y relación» con Víctor de Aldama, cabecilla de la trama corrupta, y con el propio Koldo García, «en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del señor Ábalos».

El juez y la UCO quieren saber si habido cambios «significativos» de «fondos bancarios para atender a sus gastos» y confirmar, como sospechan, que el exministro «ha venido percibiendo determinadas cantidades en metálico» que le entregaba Koldo García por orden de De Aldama, «tal y como este [De Aldama] sostiene con una corroboración razonable indicios que resulta de los extremos ya consignados». Así las cosas, el instructor ordena a la entidad bancaria que «facilite toda la información que conste en sus bases de datos relativas a una serie de cuentas bancarias y/o productos financieros» de Ábalos. El listado de datos que el Supremo reclama a Caixabank es un auténtico estriptis financiero

Movimientos a partir de 300 euros

Además de identificar todos los «productos bancarios y financieros» del exministro, quiere conocer si existen «cajas de seguridad que tengan contratadas las personas físicas o jurídicas» relacionadas  con el investigado; «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Sepblac sobre las indicadas cuentas bancarias», así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones; incluso movimientos de cheques. Pero sobre todo, Puente quiere que Caixabank le dé información sobre las transferencias por valor de más de 300 euros, en cualquier modalidad (SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas) o del cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo por encima de esa cantidad que se hayan realizado en el pasado o que tengan lugar según avanza la investigación. En cuanto a la Agencia Tributaria, el instructor reclama que le facilite toda la información de Ábalos y de Fiadelso para el período comprendido entre los ejercicios 2014 al 2024, ambos incluidos. Para el juez, «parece más que razonable» acceder a todas las cuentas y datos fiscales de Ábalos y su fundación «al fin y efecto de comprobar, primeramente, si se hallan en aquellas alguna clase de ingresos irregulares que pudieron corresponderse con los cobros que se le imputan».