La Audiencia de Sevilla desafía al Constitucional y su amparo a los condenados por el caso ERE

Nueva pugna en la magistratura. La Audiencia Provincial de Sevilla —que condenó por el caso ERE a diecinueve exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán— desafía al Constitucional, de mayoría progresista, que el pasado verano anuló diez de estas sentencias, que habían sido ratificadas por el Supremo, y le ordenó emitir unas nuevas en las que se exoneran o aminoran las penas por prevaricación y malversación, tras achacar a ambos tribunales una «interpretación extravagante e imprevisible».

La Sección Primera de la Audiencia sevillana le pidió a la corte de garantías, en un escrito firmado el 25 de marzo y conocido ayer, algo muy inusual: que «justifique la finalidad o razón de ser» de reclamar una copia de la providencia emitida el pasado 18, en la que se cuestiona el amparo concedido a los inculpados, y se da diez días a las partes, que se cumplen el 3 de abril, para posicionarse antes de estudiar elevar el fallo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desde el Constitucional señalaron que quieren tener «oficialmente un documento que era público» para deliberarlo en el próximo Pleno, explicaron que el requerimiento es «su forma habitual de comunicación» y advirtieron de que pueden multar o destituir a los funcionarios que incumplan sus sentencias. También interpretaron este desafío como un modo de resistencia a enviar la providencia y como un intento de «erosionar» un órgano que «no está controlado por la derecha judicial». Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, encargó esta semana a los letrados de la institución un informe que dirima si los jueces españoles pueden plantear una cuestión prejudicial ante la Justicia Europea respecto a resoluciones de la corte de garantías con las que discrepan. Fuentes jurídicas reconocieron la dificultad de que el Pleno alcance un consenso, dado que hay quienes ven incuestionable el derecho a acudir al TJUE y quienes anularían la polémica providencia.

En ella, el tribunal sevillano no solo planteó a las partes si el Constitucional «se ha extralimitado en la función de control invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces», sino si su pronunciamiento puede ser «no del todo compatible» con el derecho de la Unión e incumple «las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política».

Las acusaciones populares del PP andaluz y el seudosindicato ultra Manos Limpias habían solicitado llevar este asunto a la corte de Luxemburgo porque, en su opinión, «extiende un privilegio de inviolabilidad».

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