El Tribunal Superior de Justicia catalán pide el indulto de Borrás y suspende su ingreso en prisión tras su condena por corrupción
ESPAÑA
El tribunal ya calificó en su sentencia que la condena a cuatro año y medio era «excesiva»
28 mar 2025 . Actualizado a las 20:05 h.Laura Borràs no tendrá que pisar la cárcel, al menos por ahora. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Gobierno el indulto parcial de la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta a la expresidenta del Parlamento autonómico por los contratos a dedo que firmó cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), y ha suspendido su ingreso en prisión hasta que el Gobierno resuelva. El indulto afectaría solo al tiempo que supera los dos años de la condena impuesta en marzo del 2023. La Sala Civil y Penal del TSJC mantiene los nueve años de inhabilitación que le impusieron entonces, por lo que la expresidenta de Junts no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público. Además, el tribunal exige la ejecución de una multa por importe de 36.000 euros.
La dirigente independentista fue condenada por adjudicar contratos a dedo a un amigo por valor de 335.700 euros cuando dirigía la ILC, entre los años 2013 y 2018, antes de presidir el Parlamento catalán. En la sentencia, firmada por el entonces presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y confirmada por el Tribunal Supremo en febrero, el propio tribunal proponía su indulto parcial al considerar que la pena impuesta era «desproporcionada y excesiva», teniendo en cuenta que Borràs fraccionó los contratos para adjudicarlos de forma «arbitraria» a un amigo, no para su «lucro personal». A mediados de marzo, la defensa de la condenada solicitó al TSJC la «suspensión» de la ejecución de la pena hasta que el Gobierno resuelva su situación. Antes, había pedido al Supremo que le aplicara la ley de amnistía, cosa que el alto tribunal rechazó al entender que los hechos juzgados no tienen relación alguna con el procés.
Futuro incierto en FunDem
La exlíder de Junts abandonó la presidencia del partido el pasado octubre para devolvérsela a Carles Puigdemont, que renunció a ella en el 2022. A cambio, Borràs asumirá la presidencia de la FunDem, el nuevo centro de ideas de los posconvergentes. Sin embargo, con la ley en la mano, una persona inhabilitada para ejercer cargos públicos no puede formar parte del patronato de una fundación ni, en consecuencia, presidirla, según el Código Civil de Cataluña. De hecho, un informe de la Generalitat encargado al efecto concluye que ni Laura Borràs ni Raül Romeva, inhabilitado por el Supremo en este caso por su papel en la insurrección independentista del 2017, pueden presidir las fundaciones de sus respectivas formaciones políticas. Romeva ya desistió de hacerlo.