El Supremo confirma que Puigdemont queda fuera de la amnistía por el 1-O

Carles Puigdemont cometió un delito de malversación de fondos públicos no amnistiable. Es la tesis que mantienen los magistrados de la sala de apelación del Tribunal Supremo, que confirmó este jueves la decisión tomada por el juez instructor de la causa del proceso independentista catalán, Pablo Llarena, de no aplicar la ley del olvido penal al expresidente de la Generalitat.

La resolución rechaza así los recursos presentados por la defensa del político fugado de la justicia española y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, y da la razón a Llarena, para quien los líderes de la intentona secesionista del 2017 cometieron un delito de malversación de caudales públicos que no puede quedar amparado por la amnistía. Por tanto, no pueden beneficiarse del perdón. «No hay ninguna arbitrariedad», expone la interlocutoria firmada por Eduardo de Porras, Vicente Magro y Susana Polo. «La literalidad del precepto no establece un significado inequívoco y, menos, el que propugnan los recurrentes», sentencia.

El paso dado por el alto tribunal abre ahora la puerta del Constitucional para los políticos separatistas, por la vía del recurso de amparo, al que ya se han acogido varios condenados. Concretamente, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa.

La sala destaca en su argumentario que la decisión del instructor no contraviene la voluntad del legislador, que introdujo en el trámite parlamentario una modificación en la ley que impide aplicar la amnistía al delito de malversación si se hubiera actuado con un «propósito personal de carácter patrimonial». El tribunal entra en el fondo de la cuestión al analizar el concepto de «beneficio personal de carácter patrimonial».

Los magistrados entienden que debe incluir tanto el incremento de los activos patrimoniales como el no detrimento del pasivo: «Usaron fondos públicos para una actividad particular e ilegal que, en principio, tendrían que haber sufragado con fondos propios; en la medida que no lo hicieron, no redujeron su patrimonio y obtuvieron un beneficio personal y patrimonial que no se habría producido si hubieran usado sus fondos personales en la empresa política que lideraron y llevaron a cabo por su compromiso personal». En consecuencia, el alto tribunal mantiene en vigor la orden de detención contra Puigdemont (y Comín), ambos refugiados en Bruselas. Sobre la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea, ratifica los argumentos expuestos en su día por Llarena, en cuanto que los fines políticos perseguidos «comprometieron los ingresos y los gastos» europeos, ya que el «nacimiento de este nuevo estado tendría repercusión inmediata en los ingresos comprometidos» por España en el presupuesto comunitario.

Puigdemont: «Es una pataleta»

La decisión del Tribunal Supremo no gustó nada a Carles Puigdemont, que en su perfil de la red social X lamentó la «actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta, y que les lleva a retorcer la interpretación del supuesto delito de malversación». El político catalán huido en Waterloo desde el año 2017 señaló que la sentencia «no es ninguna sorpresa, ni en el fondo ni en la forma». Tampoco desaprovechó la ocasión para arremeter contra la Generalitat socialista de Salvador Illa, al considerarla «otra muestra más de la normalidad que pregona el poder político en Cataluña». De hecho, dice, «iban juntos a las manifestaciones que querían conseguir esto que el Tribunal Supremo está haciendo», añadió. En la misma línea, el número dos de Junts, Jordi Turull, volvió a referirse a la cúpula judicial como «toga nuestra», que sigue «imperturbable con su guion de persecución prevaricadora» contra Carles Puigdemont y el «independentismo en general».

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