El juez procesa a la junta directiva de Radio-Taxi Narón por disolver la entidad
FERROL
El fiscal considera que liquidaron la asociación para eludir el pago de una indemnización El colectivo tenía que abonar 5.400 euros a un conductor al que habían expulsado
10 nov 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?l representante del Ministerio Fiscal ha acusado formalmente a la directiva de la asociación Radio-Taxi Narón del delito de insolvencia punible al entender que la liquidación de esta entidad para pasar sus bienes y afiliación a la Asociación Local Auto-Taxi tenía como pretensión evitar el pago de una indemnización de 5.400 euros a uno de los afiliados que había sido suspendido de servicio. Esta última resolución fue anulada judicialmente tras un proceso civil de menor cuantía por lo que el afectado reclamó una compensación a la que los tribunales le concedieron derecho por daños y perjuicios. De la causa penal por insolvencia punible se ocupa el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Ferrol. Según el relato de hechos que hace el fiscal en el escrito de acusación provisional, en julio de 1997 el Juzgado Mixto número 1 de Ferrol, en el juicio civil contra la sanción, estimó íntegramente la demanda del taxista José María Guerreiro Teijeiro contra Radio-Taxi Narón, declarando nulo el acuerdo que le imponía la suspensión de servicio por tres meses. La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de A Coruña en septiembre de 1997. Pues bien, dice el Ministerio Fiscal, tres meses después, Juan Fernández Corral, Julio Rodríguez Díaz, Andrés Galdo Gato, Sebastián Simó Pazos, José María Barreiro Felpete y Antonio Orlando Pita Barro, «para eludir el pago de la indemnización», dice el acusador, revitalizan la asociación Auto-Taxi de Narón, constituida en 1991. Posteriormente, procedieron a trasvasar todos los derechos y bienes de una entidad a la otra para concluir, en febrero de 1998, con la disolución de Radio-Taxi. Inhabilitación Para el representante del Ministerio Público está claro que se trata de un delito de insolvencia punible del que responsabiliza a toda la directiva y propone penas de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa de 18 meses a razón de seis euros diarios. Asimismo pide que todos ellos indemnicen al taxista José María Guerreiro Teijeiro con un total de 5.400 euros, más los intereses legales que correspondan.