El caso del edifico Elpidio, en Cabanas, vuelve a la actualidad porque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sección de lo Contencioso-Administrativo, acaba de ordenar al Concello la demolición de la parte ilegal del inmueble, situado en plenas curvas de la carretera general, poco antes de llegar a los semáforos del cruce principal, en sentido Ferrol. La licencia había sido ya anulada en su día, porque el bloque de viviendas se pasa un poco en alturas en la parte frontal -la norma establece bajo y dos-, pero en la trasera sobresale de manera espectacular. Toda la parte posterior debe demolerse.
El TSXG, en un auto del pasado abril, rcuerda que en el 2007 ya desestimó la pretensión municipal de inejecución material de la sentencia de 1996 que anulaba el permiso municipal. Se ordenó entonces la demolición y se impuso una multa a la alcaldesa de entonces y se le advirtió de que si no obedecía sería denunciada ante el fiscal («deducción de testimonio», dice el auto). En el razonamiento jurídico del nuevo auto, el tribunal recuerda que no puede volverse ahora a plantear incidentes ya resueltos pues, si así se hiciera, se vulneraría la ejecución y se perjudicaría a las terceras partes, es decir, los vecinos afectados por la ilegalidad, y que viven en viviendas próximas que quedaron cegadas por la sobrealtura del Elpidio, edificio que recibe su nombre de una conocida jamonería que funcionó en los bajos, pero que ya está cerrada.
El auto reconoce, no obstante, que el Concello ha comenzado a dar los pasos necesarios, aprobando un plan de demolición por estapas, cuyas obas fueron adjudicadas a la empresa Applus Norcontrol S. I. U.
Es decir, al tribunal le parece correcto el plan y, por tanto, ordena su ejecución dentro del plazo señalado, un máximo de dos años. Periódicamente la alcaldía debería informar a la sala que dicta el auto de cómo van las obras, con certificación de las unidades de obras demolidas y documentación gráfica, todo ello, dentro de la primera semana de los meses de julio y octubre del año en curso y luego durante el 2011.
Caso de incumplirse, le dice al alcalde actual, será multado con 1.200 euros. Y se repetirá la sanción económica en caso de que no se cumpla el derribo consumido el plazo fijado.