El fiscal vuelve a actuar contra un ambulante de mercadillo por la venta de prendas falsificadas
FERROL
La patrulla fiscal de la Guardia Civil de la zona continúa inspeccionando los mercadillos y feirones en busca de artículos falsificados y denuncia a los vendedores. Ayer se sentó en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 José Antonio Barrul Doval porque el 7 de diciembre del 2005 cargaba en su furgoneta Citroën con matrícula C-9079-BY la mercancía que había tenido a la venta en un puesto del mercadillo de Recimil.
Según la representante del Ministerio Fiscal, que aportó como prueba el informe de la Guardia Civil, Barrul llevaba numerosas prendas de vestir «que simulaban pertenecer a diferentes marcas». En su escrito de conclusiones definitivas, el Ministerio Público indica que había pantalones Versace, camisetas Armani, otras de marca Tommy Hilfiger, chaquetas Ralph Lauren LP, 15 polos que simulaban pertenecer a la marca Lacoste, cinco cazadoras Burberry y otras con marcas de Carolina Herrera, Paul/Shark o zapatillas Puma, y otras de Dolce Gabbana. En todos los casos son etiquetas falseadas, por lo que la acusadora imputó al vendedor un delito contra la propiedad industrial y solicitó que se le condene a un año de prisión y multa de 15 meses a razón de 8 euros diarios. Y como responsabilidad civil, indemnizaciones a las marcas que valoraron el supuesto daño. El letrado de la defensa recordó que los tribunales han venido absolviendo a estos vendedores de mercadillo. Existe una sentencia del Tribunal Supremo y numerosas de las Audiencias provinciales de todo el país que absuelven a los afectados por una razón fundamental: el cliente que acude a un feirón sabe perfectamente que la prenda que compra, aunque tenga el cocodrilo de Lacoste, es una burda imitación. Tanto el precio (bajo) como el lugar donde se vende (un mercadillo) o la burda falsificación así lo evidencian. De manera que no existe engaño a la persona que los compra. Por eso ha pedido la absolución.
No respondieron
Tampoco las marcas parecen muy preocupadas porque muchas de las señaladas ni siquiera respondieron al juzgado de instrucción a pesar de las reiteradas cartas que se les remitieron para que valorasen el daño que les producían estas prácticas. Fue este, precisamente, uno de los motivos que retrasaron la instrucción. De hecho, el juicio se celebra más de cinco años después de ocurridos los hechos. Los juzgados de lo Penal de Ferrol, que hace años condenaron a varios vendedores como el que se sentó ayer en el banquillo, han cambiado su posición hacia la absolución. En los últimos asuntos que llegaron a juicio, las sentencias fueron en este sentido. El caso de ayer quedó visto para sentencia.