Algunos intelectuales españoles defienden la tesis de que la corrupción forma parte de nuestro ADN. Lo expresan con el argumento -ya un poco manido- de que aquí se desarrolló, como en ningún otro lugar, el género de la picaresca. Hemos dado al mundo las figuras más ilustres en las artes de la picardía, la pillería, la trapacería, el engaño y el timo. No hay remedio: España es un país corrupto y los españoles unos campeones en el arte de practicar o permitir la corrupción.
El informe presentado el pasado miércoles por la oenegé Transparencia Internacional parece respaldar esta teoría. España alcanzó su peor resultado histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, situándose en el puesto 41 de la tabla, compartiendo puntuación con Brunei y Costa Rica. Con relación al área europea, nuestro país está un poco mejor que Italia, Grecia y la República Checa, mucho peor que Francia, Reino Unido o Alemania, y a años luz de los países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, por citar los casos más señalados. Lo dicho, suspenso rotundo emitido por la ciudadanía que señala, además, algunas de las razones más importantes para tener tan negativa percepción. Ahí van unas pocas: la justicia está politizada y muchos casos quedan impunes; no existe protección para los denunciantes y por eso no afloran más casos sobradamente conocidos; los políticos no quieren reducir los aforamientos, por algo será; la Ley de Transparencia no se cumple en su totalidad; el nepotismo y el enchufismo siguen siendo práctica común y alcanzan órganos relevantes de las administraciones públicas; se siguen concediendo indultos a condenados por corrupción; o la legislación vigente condena con la misma pena de un año de prisión al que robó un litro de gasolina que al directivo que se llevó ilegalmente varios millones de euros de una entidad financiera pública.
No me deslizaré en esta crónica por todos los vericuetos derivados de este monumental problema. La gran torpeza con que la clase política, en general, ha tratado este mal endémico -aunque, según dicen, no es todavía sistémico- es manifiesta. Y no algo propio de estos años de crisis, ni desde el restablecimiento de la democracia. La corrupción estaba generalizada durante la dictadura franquista (estraperlos, comisionistas, enchufismo…) y más atrás. Pero en los tiempos actuales presenta un matiz distinto debido a la facilidad con que se transmite la información. Visto lo cual me atrevo a aventurar que, en el momento en que se apruebe una ley de protección a los denunciantes será imprescindible reforzar las plantillas de jueces, fiscales, policías y funcionarios de prisiones. No les faltará trabajo en los próximos años.