Cualquier empresa o ciudadano puede elegir a qué empresa le compra la luz, pero no a cuál debe recurrir para dar de alta, o de baja, una conexión a la red eléctrica. Y es que, a diferencia del negocio de la comercialización o venta de electricidad, que está totalmente liberalizado, el de distribución, que gestiona los tendidos, está totalmente regulado. Es decir, como intervenido por el Estado. Así, la asignación de zonas en toda España para ejercer la distribución eléctrica es fruto de una especie de concesiones históricas a pequeñas empresas que en su momento llevaron la luz por primera vez a los territorios que les tocaron.
Es el caso exactamente de Sucesores de Manuel Leira. El fundador fue maestro de obras y ebanista, natural de Centroña (Pontedeume), una «persona muy innovadora, con iniciativa», como lo describe su nieto, que emigró a Argentina, pero que volvió para casarse en San Martiño do Porto.
En 1926 se otorga la concesión administrativa para explotar un salto hidráulico en un afluente del Eume a la empresa Eléctrica San Bartolomé, en la que participaban varios socios, entre ellos, Manuel Leira. Para distribuir la energía procedente de esa central, los socios crearon empresas independientes y se repartieron la franja costera de la península de Bezoucos. Así empezó todo.
Las distribuidoras de electricidad (en Galicia, la principal es UFD, de Naturgy) son las encargadas de las altas y las bajas de las conexiones a la red, de instalar los contadores de la luz, de anotar los registros de consumo para enviárselos a las comercializadoras, que emiten las facturas, y de actuar si hay un apagón.