La gasolinera de As Pías parecía un negocio seguro, pero lo cierto es que sus sucesivos gestores nunca han tenido suerte. La familia que obtuvo la concesión de la Autoridad Portuaria la explotó poco más de dos años y una enfermedad grave de uno de ellos le obligó a venderla a las mujeres que ahora denuncian como estafadoras, porque se comprometieron a unos pagos que nunca tuvieron intención de satisfacer, según señala su abogado, que recuerda que estas mismas personas tienen procesos judiciales abiertos por estafas en el mismo sector.
La falta de ingresos sumió a esta familia a una cadena de recobros por las seis hipotecas constituidas sobre los pagarés y el canon. De hecho, aunque para la subasta tuvieron que aportar 117.000 euros, aún siguen pendientes de algunas deudas hacia la empresa que se hizo con la estación de servicio y que con el tiempo, volvió a quebrar. Hasta han tenido que hipotecar su vivienda por esta causa. El abogado Alejandro Seoane asegura que la compradora usó un engaño que generó este problema, por eso pide cinco años de prisión y una compensación de 1.026.971 euros. La Fiscalía también pide cinco años y como responsabilidad civil la cifra que se determine en la ejecución de la sentencia.