En diciembre de 2015 se cumplía el plazo de dos años que se dio a los ayuntamientos para adaptarse a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Desde ese día todos los Ayuntamientos de España están obligados por ley a tener publicados en sus webs «de manera clara, estructurada y entendible» los presupuestos municipales, los salarios de sus altos cargos, los contratos firmados, las subvenciones concedidas, y otra multitud de datos. A estas alturas de 2018, el Portal de Transparencia del Concello de Ares ni está ni se le espera. Cada vez que abordamos el tema, la única respuesta que recibimos por parte del grupo de gobierno son solo evasivas y excusas absurdas que intentan solapar la realidad, y es que parece que cuanto menos se sepa de lo que pasa de las puertas del consistorio para dentro mucho mejor. Mejor que no se sepa lo que nos cuestan los contratos que se realizan desde la alcaldía, que no se sepa cuanto se gasta en la adquisición de bienes inmuebles inasumibles mientras no se invierte en el mantenimiento de lo que ya tenemos, que no se conozcan nuestras declaraciones de bienes, que los vecinos no sepan lo que cobramos como cargos públicos, y es que cuando lo que impera el oscurantismo la impresión no puede ser otra.
Quizás publicar las retribuciones de los concejales no sea buena idea, dado que dejarían en evidencia las diferencias abismales entre el gobierno y los grupos de la oposición. Quizás por ello, el pasado mes de diciembre se nos hiciese una propuesta económica en la que se planteaba incrementar la indemnización por asistencia a plenos en más de un 368 %, a Juntas de Portavoces en más de un 134 % y a Comisiones Informativas en más del 95 %. Obviamente rechazamos cualquier incremento en las remuneraciones en vigor y si exigimos el derecho a la asistencia a las 9 comisiones informativas que nos corresponden por ley y que tres años después se nos niegan. El deber de los responsables públicos es velar por el buen uso de los recursos públicos y la transparencia es primordial para ello. El razonamiento es sencillo: hacer las cosas bien es más legal, transparente y eficiente. Respetar la ley, trabajar de forma planificada, automatizada dentro de lo posible, e inteligente cada vez que haya que tomar decisiones, reducirá los continuos descalabros que nos citan frecuentemente con el contencioso administrativo.