Alejandro Seoane es un abogado penalista de Ferrol especializado en agresiones sexuales. No ha llevado este caso, pero conoce bien las consecuencias de una ley que pone el foco en el consentimiento de la víctima: «Esto implica que conductas tan distintas como el robo de un beso en una celebración o una violación violenta se denominen de la misma forma, lo que, desde mi punto de vista, es un error —según matiza—. Soy más partidario de la anterior diferenciación entre abuso y agresión sexual, más precisa y ajustada a la proporcionalidad penal», argumenta.
En este caso la primera condena por agresión sexual con violencia a una menor se fundamentó en que el relato de la víctima fue persistente, verosímil y corroborado. Sin embargo, el Supremo ratifica la condena principal (por agresión sexual), pero aplica la ley penal más favorable, y reduce la pena de 12 a 10 años. Eso sí, se mantienen otras medidas, como una orden de alejamiento y comunicación de cinco años (y que comenzará a aplicarse cuando el hombre salga de la cárcel); una indemnización de 15.000 euros para compensar el sufrimiento de la víctima y el abono de los gastos ocasionados al Sergas por la asistencia que le prestó a la chica, que ya tiene 20 años y lleva seis pendiente de las apelaciones al caso.
Además, el Supremo añade dos inhabilitaciones para el condenado: no podrá trabajar ni ejercer como tutor de menores.