Ortigueira condena el golpe de Estado del 36 y retirará placas franquistas, a petición del BNG

Ochenta y un años después, la corporación municipal de Ortigueira ha condenado el golpe de Estado militar que desató la Guerra Civil y ha acordado retirar los vestigios de la dictadura franquista que perduran en el municipio, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde el año 2007. El concejal del BNG, Carlos E. Rodríguez Legarreta, esgrimió la legislación en vigor -«é da época do PSOE e non debe ser tan negativa cando o PP non se atreveu a derrogala»- y el respeto «a esas persoas que no seu momento defenderon a democracia, cos defectos que tivera, ata o levantamento [...]. Cóntannos que en Galicia non houbo guerra... Moita xente tivo que agachar a cabeza durante moitos anos [...]. Das sete cidades galegas mataron a catro dos alcaldes [...], morreu moita xente».

Legarreta pretende, con esta iniciativa, que se retiren las placas franquistas de las viviendas sociales de Espasante y Ortigueira. «Foron feitas con fondos públicos, hoxe a maioría son privadas, pero algún substrato legal haberá que ampare ao Concello para non ter que pedir permiso ás comunidades de veciños», señaló en el pleno. El gobierno socialista respaldó la propuesta -«hai unha lei que temos que cumprir», adujo el portavoz, Ángel Lozano-, igual que los tres ediles no adscritos -«de acordo [...], aínda que non ten tanta urxencia», declaró Isabel Rego-. Y el PP justificó su abstención por la referencia del edil del Bloque a las ejecuciones de Paracuellos, en el 36. El portavoz, Rafael Girón, pidió «respeto para la gente que murió» en la población madrileña.

Medidas sobre las patatas

El apoyo de los tres concejales no adscritos y del edil nacionalista permitieron sacar adelante la moción del ejecutivo ortegano para exigir a la Xunta una mejor gestión de la plaga de la polilla guatemalteca. Reclaman, entre otras medidas, «que establezan os mecanismos necesarios para simplificar os trámites e os posibles gravames» a los beneficiarios de las eventuales indemnizaciones. Los conservadores se abstuvieron.

Apoyo del PP a los no adscritos

Con el respaldo de PP y BNG, y el rechazo del PSOE, se aprobó la moción de los no adscritos para crear una comisión informativa en el Concello y un grupo de acción ciudadana de los ayuntamientos afectados para demandar soluciones, tras la renuncia de Arriva a la línea de autocares Ferrol-Viveiro. Además de pedir el mantenimiento del servicio diario de O Barqueiro y el Campo do Hospital a Ferrol, y la puesta en marcha de un servicio municipal de microbús o taxi. «É un tema que xa se está tratando entre os alcaldes da comarca», arguyó el regidor, que ve «economicamente inviable» fletar microbuses o taxis.

Llamadas al orden y expulsión de un miembro del público

La propuesta del gobierno local de modificar las obras del plan complementario (financiado con las bajas obtenidas tras la adjudicación de los proyectos del POS), al rechazar la Diputación la construcción de una senda peatonal en Espasante (para continuar el paseo), por considerarlo «non financeiramente sostible», generó los momentos de mayor tensión del pleno. La oposición recordó que esta obra ya contaba con informes negativos del interventor y la arquitecta municipal cuando se aprobó en el pleno. PP y no adscritos tumbaron la iniciativa del PSOE, y el alcalde negó la palabra al popular Regino Quintiana -que reaccionó diciendo «¡viva la democracia»- y a Isabel Rego -«isto nin en Venezuela»-, llamó al orden en dos ocasiones a Girón y ordenó la expulsión de José Manuel Afonso, candidato de Falange en mayo de 2015, tras gritar desde el público «unha ditadura». Salió diciendo «sinvergüenza, inútil».

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