No es la primera vez en la historia de este país que un magistrado en ejercicio tiene que comparecer ante el Supremo para ser juzgado por un delito de prevaricación judicial, pero de lo que no hay precedentes es de que se le abran tres procesos consecutivos a un mismo juez.
Cuando concluya el que empieza hoy y que, si se cumple el calendario fijado del tribunal, concluirá el viernes, empezará el segundo, en el que se le acusa en empeñarse en seguir adelante con la investigación de las víctimas de los crímenes cometidos entre los años 1936 y 1975.
Este proceso arranca de las denuncias de detención ilegal de 30.000 personas presentadas por una veintena de asociaciones en el año 2006 y que fueron admitidas casi dos años más tarde, dándole la consideración de crímenes contra la humanidad. En este caso, su pecado fue precisamente ese empeño en declararse competente -en octubre del 2008, desoyendo las advertencias de la Fiscalía- para acabar inhibiéndose un mes más tarde, una vez que constató que los presuntos responsables de esos crímenes estaban todos muertos.
Una cabezonería que se pudo haber saldado con una sanción administrativa acabó siendo admitida a trámite como querella en el Supremo en mayo del año siguiente, en nombre del seudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que se sumaría más tarde Falange Española.
Los avatares de la instrucción de esta causa que le correspondió en reparto a un magistrado con pedigrí de izquierdista hizo correr ríos de tinta y sigue desatando pasiones encontradas a nivel nacional e internacional.
Un año más tarde el Supremo admitió a trámite otra querella contra Garzón presentada por dos abogados de la órbita de Mario Conde que lo acusaban de archivar una querella presentada por un exconsejero de Banesto contra el presidente del Santander. En este caso, su pecado fue no haberse abstenido porque el banco presidido por el querellado había financiado unos cursos impartidos por Garzón en Nueva York. La principal prueba de cargo es una carta de Garzón a Botín agradeciendo el patrocinio de unos cursos que no organizó él, sino la universidad neoyorquina.
Pero estos dos últimos procesos tienen en común que solo hay acusación popular. Para el Supremo, en el caso Botín, no fue suficiente para abrir juicio oral, aunque sí lo fue en el caso Atutxa, con lo que tendrá que dirimir el Tribunal Constitucional en breve. Si ratifica la tesis de la primera sentencia, ambos procesos se caen. ¡He ahí el interés por empezar este viacrucis por la tercera estación!