El juez afirmó en el juicio contra él que con las escuchas a los imputados en prisión buscaba evitar el blanqueo, no conocer la estrategia de la defensa.
18 ene 2012 . Actualizado a las 12:57 h.«No autoricé la intervención de las conversaciones de los abogados, sino las de algunos de los internos, también cuando se reunían con sus abogados, porque algunos de ellos formaban parte del núcleo duro de la organización». Este fue el eje argumental de Baltasar Garzón en el interrogatorio al que fue sometido por las partes durante más de dos horas en la primera sesión del juicio que se está celebrando contra él en el salón de plenos del Tribunal Supremo, acusado de un delito de prevaricación por haber autorizado que se grabasen en prisión las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel, incluidas las mantenidas con sus abogados.
El juez que retomó la instrucción de la investigación de la mayor trama de corrupción descubierta hasta la fecha en este país, que se había iniciado en el año 2005, antes de que él se reintegrase al juzgado, con la documentación intervenida en el registro del despacho de un abogado madrileño, autorizado por Grande Marlaska, trató de hacer ver al tribunal que el único interés que lo movió a la hora de autorizar las escuchas por las que está acusado fue el de evitar la continuidad delictiva.
Más de 20 millones
Precisó que lo que estaba en juego eran más de 20 millones de euros que los cabecillas de la trama ocultaban en Suiza y otros paraísos fiscales y cuyo movimiento trataban de dirigir desde la cárcel Francisco Correa y Pablo Crespo, a través de tres abogados con nombres y apellidos que en aquel entonces también estaban imputados: Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado.
Insistió Garzón en que no le interesaba nada conocer la estrategia de defensa de estos detenidos, por más que saliese a relucir en las conversaciones intervenidas y luego expurgadas, ya que era consciente de que al aparecer aforados en las investigaciones no iba a poder seguir dirigiendo la instrucción, sino que tendría que inhibirse de inmediato en favor de otros tribunales competentes, como así ocurrió.
A mayor abundamiento en estas tesis precisó que ningún dato obtenido en esas escuchas fue utilizado contra los acusados y que en los autos que las autorizaba se decía explícitamente que se realizasen «sin menoscabo del derecho de defensa», para lo que era preceptivo que se expurgasen las que se pudiesen ver afectadas.
José Antonio Choclán, abogado de Correa y exmagistrado de la Audiencia Nacional, en tono amable, trató de hacerle ver que la realidad práctica fue bien distinta. Garzón le recordó que en las escuchas, un imputado, el abogado López Rubal, dijo que si la causa iba al Tribunal Superior de Madrid «hay un magistrado que los ayudaría». También mencionó Garzón que los cabecillas de la trama admitieron que iban a buscar abogados «con buenas relaciones en la Audiencia Nacional».