Los imputados en la trama de Las 5 Jotas podrían enfrentarse a entre uno y cinco años de cárcel por cometer, supuestamente, un delito fiscal de más de 120.000 euros. Las multas pueden ser seis veces mayores que la cuantía eludida al pago de tributos.
Aquí entran tanto el dinero que el implicado no ingresó en las arcas del Estado pese a la obligación de hacerlo, como las cantidades retenidas, los ingresos a cuenta de retribuciones en especie tras obtener indebidamente devoluciones o disfrutar de beneficios fiscales sin tener derecho a ello. Así lo establece el artículo 305 del Código Penal.
El castigo se aplica en su tramo más alto, de 3 años y medio a cinco años, si se usa a un testaferro o persona interpuesta para ocultar su identidad.
Otro motivo para aplicar la pena más alta es cuando, como en este caso, el fraude es de especial trascendencia o gravedad o existe una estructura organizada que afecte a varios contribuyentes. Los condenados por delito fiscal perderán su derecho a pedir subvenciones durante un período de 3 a 6 años.
Falsedad documental
El juzgado también imputa un delito por falsedad documental a muchos de los implicados. Está castigado con 6 meses a tres años de prisión si el infractor es un particular que altera un documento mercantil, lo simula para hacer creer que es auténtico o supone un acto inexistente.