Eduardo Torres-Dulce, que el lunes tomará posesión de su cargo de fiscal general del Estado, se ha comprometido ayer en el Congreso a «hacer aún más visible» la autonomía funcional y orgánica del Ministerio Fiscal «frente a los poderes públicos y muy singularmente respecto del Gobierno».
«Pienso que es posible y necesario seguir avanzando en el diseño constitucional de un Ministerio Fiscal que [...] ejercite sus funciones [...] en un ámbito de autonomía real frente a los poderes públicos y muy singularmente respecto del Gobierno», ha dicho Torres-Dulce en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, que ha valorado su idoneidad para el puesto.
Entre las medidas que contribuirían a profundizar esa autonomía, ha citado la «singularidad presupuestaria», de modo que sea la Fiscalía la que proponga el dinero que necesita para asegurar su funcionamiento cada año y, de acuerdo con ello, el Gobierno fije una partida en los Presupuestos Generales.
También ha reclamado que se atribuyan a la Fiscalía las competencias en materia de formación de los fiscales y ha propuesto que el Consejo Fiscal tenga «un mayor papel» en materia de nombramientos e informes de leyes, ya que en la actualidad su función se limita a asesorar al fiscal general y su opinión no es vinculante.
Por último, ha considerado «urgente e imprescindible» la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y ha dicho que si se atribuye al fiscal la función de investigar los delitos también debe dotársele de otras competencias.