El fiscal Jorge Armando Bermúdez, especialista en delitos informáticos, recuerda que las empresas españolas que albergan contenidos «contra las que claman autores y creadores» no cometen delito alguno
08 feb 2012 . Actualizado a las 20:09 h.El denominado caso Megaupload, el portal de internet clausurado por el FBI, «cambiará muy poco», desde «el punto de vista jurídico», la situación legal de las descargas de archivos digitales en España, según el fiscal especialista en delitos informáticos Jorge Armando Bermúdez.
Este miembro del Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado destinado en Gipuzkoa admite que todo el proceso iniciado con el cierre de Megaupload «se sigue con mucho interés» en nuestro país porque supone «un camino nuevo». No obstante, recuerda que en España no existe «nada parecido» a Megaupload, aunque sí hay unas páginas de enlaces a los lugares que albergan los contenidos «contra las que claman autores y creadores», pero que no están cometiendo un delito porque no son más que caminos que llevan a sitios como Megaupload.
Bermúdez reconoce que, en un primer momento, la clausura de este sitio «ha supuesto un varapalo tremendo para las páginas de enlaces» españolas porque, «de buenas a primeras un porcentaje altísimo de los enlaces con los que atraían al público ahora ya no llevan a ninguna parte». Sin embargo, aclara, las páginas de descarga directa han abierto «un nuevo escenario», porque no poseen el contenido pero a través de ellas «ahora ya se puede localizar a quien sí lo tiene», si bien el «problema» desde el punto de vista jurídico radica «en que eso está fuera de nuestras fronteras». «Ahora bien -aventura Bermúdez-, si finalmente los propietarios de Megaupload terminan condenados y su empresa cerrada por suponer una fuente de infracciones a la propiedad intelectual, y si alguien consiguiera demostrar que existe un concierto, una confabulación o complicidad entre los dueños de las páginas de enlaces y los alojadores de los contenidos, podría haber algún tipo de acusación de complicidad o de colaboración con un delito contra la propiedad intelectual». El fiscal advierte no obstante de que todo esto «es un camino inexplorado, que sería difícil 'per se', porque nadie lo ha recorrido antes».