El fiscal se ratificó en la petición de cárcel, y la defensa en la absolución
04 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Fiscalía y defensa se ratificaron en su criterio durante la vista celebrada ayer en la Audiencia Provincial contra 10 de los 11 responsables de la empresa Ingemarga acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por una cantera de granito en la Serra do Xistral, en zona protegida. En consecuencia, el acusador solicitó cinco años de prisión para cada uno, 30 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además de inhabilitación especial para ejercer la profesión durante cinco años. Por contra, los abogados de la defensa reclamaron la libre absolución.
En el banquillo se sentaron siete de los ocho miembros del consejo de administración, Lucas Aranzamendi Peralta, Jesús Manuel Orella Roncal, Ramón Gaytán de Ayala Díez de Rivera, Margarita Aranzamendi Peralta, Antonio Aizpurúa Uranga, Francisco Javier Zarauz Elguezábal y Jesús Aizpurúa Iríbar. No asistió a la vista Francisco Javier Arrazola Aranzadi. También comparecieron José Longarela Ceide y José Sansiseña Altuna, apoderados, y el director facultativo, José del Cerro Gámez. Durante cerca de cinco horas prestaron declaración los 10 acusados presentes y nueve testigos, cinco de los cuales, peritos, lo hicieron de forma conjunta.
Inicio de la actividad
Según el relato de los hechos realizado por el fiscal, en 1997 el consejo de administración adoptó la decisión de explotar una cantera de granito en Os Agros, en Labrada (Abadín). Para gestionarla designó a los dos apoderados y al director facultativo. Los trámites fueron realizados en 1998. La firma pidió licencia municipal de actividad pero no le fue concedida, pese a lo cual inició la actividad en junio de ese año. Hubo denuncias de la comunidad de montes de la parroquia y del colectivo Adega. La Fiscalía también consideró que el daño medioambiental fue crítico durante el período de explotación y grave tras el cese de la actividad. Entre otros fallos, destacó que no había escombrera, ni balsas de decantación, ni vallas perimetrales del recinto.
Lucas Aranzamedi dijo que fue gerente de la empresa al fallecer su padre, ocupando el puesto entre 1996 y el 2011. No recordaba con exactitud la fecha de funcionamiento de la cantera y manifestó que los papeles los firmaban los apoderados, sobre todo José Longarela. Afirmó igualmente no acudir a la cantera porque comercialmente era «menor» para la empresa, que tenía 40 en España, y se enteró de que estaba en espacio protegido cuando surgió el problema judicial. El gerente descargó en el director facultativo, que era un profesional externo a la empresa, la responsabilidad de la cantera y no precisó fechas ni causas de los períodos de paralización y actividad, incluida la orden de detención de la actividad decretada en marzo del 2007.
Grados de responsabilidad
Jesús Manuel Orella dijo que ejercía de secretario con un poder general amplio. Aseguró no recordar haber actuado en relación con la cantera de la Serra do Xistral, pero considera que tenían todo en regla salvo el permiso de actividades económicas. Estuvo en la cantera en alguna ocasión pero no recuerda si había balsas de decantación ni otros detalles. El secretario del consejo concluyó afirmando que el Concello de Abadín nunca requirió a Ingemarga para que paralizase la actividad.
Los demás miembros del consejo de administración, incluido Francisco Javier Zarauz, que durante un tiempo fue presidente, y otros que tenían poderes generales, afirmaron no saber nada y dieron a entender que se limitaban a asistir a las reuniones.
Uno de los apoderados, Longarela, dijo que gestionó la compra de los terrenos pero desconoce quien decidió pedir la autorización. Tomaba la decisiones comerciales y técnicas.
José del Cerro tenía funciones técnicas y la elaboración de los planes de trabajo anuales.