El bipartito animará en el pleno de mañana a la participación vecinal
12 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El apoyo a nivel de partido del Bloque y el PSOE a la huelga general del próximo miércoles se traducirá en el pleno municipal de mañana, veinticuatro horas antes de la convocatoria, en un posicionamiento institucional del Concello de Pontevedra de rechazo a las políticas de austeridad y recortes económicos impulsadas por el Gobierno central, «que tanto sufrimento están a causar en todos os segmentos da nosa sociedade», señalan desde ambos grupos municipales.
Socialistas y nacionalistas animan a participar a la ciudadanía de Pontevedra en este paro general y a salir a la calle para expresar su indignación ante una situación de «emerxencia social». Lo hacen a través de sendas mociones, presentadas en principio por separado, y que podrían derivar en un acuerdo transaccional de los dos socios de gobierno. Lo contrario, sería difícil de entender cuando, esta vez y tras diez años por separado, el 14-N ha conseguido la unidad sindical.
Desde el Bloque, el propio alcalde ha sido hasta ahora el más radical al caldear el ambiente de llamada a la huelga, aludiendo a una «necesaria actitude de rebeldía e insumisión». Desde las filas socialistas apuntan también en su moción al deber de reaccionar con la protesta en la calle «diante de políticas tan inhumanas e contribuir así a reconducir os criterios desas políticas e a endereitar o rumbo, profundamente errado, que está levando a España e Galicia a unhas cotas de sufrimento social intolerables».
Tasas judiciales
El grupo socialista también propondrá en el pleno de mañana un posicionamiento institucional del Concello de rechazo al proyecto de ley de tasas judiciales, «por vulnerar os dereitos fundamentais da tutela xudicial efectiva e o principio de igualdade dos cidadáns ante a lei».
El acuerdo que se adopte se trasladará al Gobierno central y a los grupos políticos del Congreso y el Senado. El PSOE pone el acento en la motivación de las tasas. «Non é só unha medida recaudatoia, é, sobre todo, unha medida ideolóxica, pois para o Goberno, os dereitos fundamentais son un luxo que os cidadáns deben pagar».