El alto tribunal ordena que el TSXG dicte una nueva sentencia
04 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El pasado 15 de noviembre la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo confirmó que la casa ubicada en el número 26 del lugar eumés de Ber no debe ser demolida aún, a pesar de una resolución emitida por la Xunta hace más de seis años. Concretamente la Dirección Xeral de Urbanismo publicó en el Diario Oficial de Galicia del 9 de marzo de 2006 una célula en la que se ordenaba la «demolición da edificación e a reposición dos terreos afectados ao estado anterior o inicio das obras á custa do interesado, prohibindo definitivamente os usos aos que dese lugar».
Los responsables de este organismo de la Xunta daban un plazo de dos meses para el derribo de una construcción que consideraban ilegal e ilegalizable.
No obstante, el propietario de la vivienda ha ido dilatando el derribo de la casa primero eludiendo las comunicaciones de Urbanismo, que no pudo localizarlo, y después con recursos ante los tribunales.
Así, en julio del año 2010 la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió un fallo en el que se desestima el recurso interpuesto por los propietarios de la edificación y que se basaba en que hubo un error en el cálculo del plazo estimado por la Xunta para reclamar ante su resolución.
Recursos en plazo
La última resolución judicial del Tribunal Supremo estima otro de los recursos del recurrente y le da la razón en lo concerniente a que presentó las oportunas reclamaciones dentro de los plazos previstos por la legislación. Asimismo, ordena al TSXG que resuelva de nuevo el contencioso, puesto que deja sin efecto el fallo emitido en julio del año 2010.
El Concello de Pontedeume sigue la evolución de un proceso judicial que, de confirmarse el derribo, debería ejecutar. La sentencia del Supremo se trató en la última comisión celebrada en la corporación, según fuentes municipales, que también destacan que están al tanto del proceso. Aunque recuerdan que se trata de un conflicto urbanístico que, al igual que otros como la sentencia que pesa sobre la planta de cogeneración de Leche Celta, han heredado, ya que se remontan a expedientes de hace décadas.