Mas de 25 documentos de Someso carecen de la firma del secretario

Xosé Vázquez Gago
Xosé V. Gago A CORUÑA / LA VOZ

FIRMAS

PACO RODRÍGUEZ

La investigación municipal halla irregularidades en 50 expedientes

06 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La investigación iniciada en mayo en el Ayuntamiento para determinar la posible falsedad de documentos relacionados con la urbanización de Someso ha finalizado. Según sus conclusiones, un total de 50 expedientes presentan irregularidades graves, entre ellos 26 en los que no figura la firma del secretario municipal, sino de otros funcionarios no habilitados para esa función, o que fueron atribuidos a la Secretaría del Ayuntamiento sin su reconocimiento.

Más en concreto, la investigación ha detectado 17 certificaciones de propiedad emitidas el 19 de febrero del 2004 que carecen de firma o autorización del secretario. Además, se han encontrado un anuncio para el tablón de edictos del 10 de febrero del 2004, dos escritos del 27 de enero de aquel año y seis anuncios de los días 29 y 30 de ese mes que «se firman por delegación y se atribuyen al secretario», sin que sean reconocidos. Algunos de esos documentos sirvieron para dar fe pública. La práctica totalidad están firmados por el entonces director del Servicio Municipal de Urbanismo, Arsenio Díaz García.

Expropiación por compraventa

Según el informe, en otros 24 documentos figura de manera «como mínimo errónea» que el proceso para adquirir algunas parcelas fue de «expropiación» y no de «compraventa».

Entre esos escritos figura uno enviado el 10 de febrero del 2004 al fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un anuncio enviado al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 22 de marzo del 2004 y 18 fichas de referencia catastral en las que en el apartado «título adquisición se ha hecho figurar expropiación cuando corresponde compraventa». Ese mismo problema tiene el último documento afectado, una liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos.

El informe subraya que se han producido «irregularidades administrativas» y que existen documentos que «son, como mínimo, erróneos». Es más, en sus conclusiones señala que «no procede efectuar una declaración de falsedad» de los expedientes para no interferir en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, que investiga un posible trato de favor del exalcalde Francisco Vázquez hacia el expresidente de la patronal, Antonio Fontenla, en la urbanización de ese polígono.

La postura del gobierno local

Acerca de los documentos irregulares, el gobierno local se ha limitado a señalar ayer que ha entregado el informe elaborado por los técnicos municipal a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que estudiará qué efectos puede tener en las 16 causas judiciales abiertas por antiguos propietarios que exigen la restitución de sus fincas. Esos procesos, que todavía siguen activos, pueden acarrear indemnizaciones millonarias a cargo de las arcas municipales a favor de los antiguos propietarios.

La factura de la urbanización

Esos 16 procedimientos se sumarán a los 20 que ya cuentan con sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La mayoría de ellas están pendientes de ejecución, pero cinco de ellas que ya fueron pagadas por el Ayuntamiento supusieron un desembolso de más de ocho millones de euros. Otra más que está pendiente de pago supera los 400.000 euros. En total, las 36 reclamaciones presentadas por antiguos propietarios podrían suponer más de 23 millones en indemnizaciones.

A esa cantidad habría que sumar los casi 20 millones de euros en pérdidas directas causadas a las arcas municipales por las irregularidades registradas en la tramitación de Someso. Esa cifra procede de un informe redactado por el Ayuntamiento sobre la urbanización que fue archivado por la Fiscalía.

Además del Juzgado de Instrucción número 3, también el Tribunal de Cuentas está investigando las presuntas irregularidades de Someso. El organismo estatal está pendiente de nombrar un instructor para el expediente del que se podrían derivar responsabilidades contables por parte de anteriores gobiernos locales.