Alaya está llegando hasta donde no se ha atrevido hasta ahora ningún juez. Porque la corrupción no se agota en el último escalón, la jueza intenta tirar de toda la cadena. Porque para que alguien se lleve el dinero público, tiene que haber alguien que como mínimo no ejerza, o lo haga indebidamente, el deber de vigilancia exigible. Pero la jueza aún va mucho más allá, al plantear la existencia de una confabulación política en las entrañas del Gobierno andaluz para vulnerar conscientemente la ley al objeto de disponer de más de mil millones de euros de forma discrecional y sin control. Se puede cuestionar la manera personalista en que la jueza está llevando la instrucción, e incluso se le puede acusar de saltarse los límites procesales. Pero para controlar esos supuestos excesos está la audiencia. Lo que a estas alturas, y gracias a Alaya, parece incontrovertible es que el Ejecutivo andaluz actuó como mínimo en fraude de ley al implantar un mecanismo manifiestamente ilegal para conceder subvenciones. Parafraseando a Magdalena Álvarez, las transferencias de financiación de mierda han sido un subterfugio para desviar fondos públicos. Debía saberlo ella como debía saberlo Griñán. Quizás no supieran de la apropiación de fondos públicos, pero sí de que la eliminación de los controles facilitaba la malversación. Y eso los hace responsables por omisión. Si merecen reproche penal lo dirán los tribunales, pero está bien que por fin la Justicia vaya hasta la raíz de la corrupción. Ojalá que, al menos en esto, otros jueces imiten a Alaya.