El empresario -en realidad su hija, Cristina Rodríguez, que es quien formalmente firmó la querella y está personada en la causa- ha presentado su escrito de acusación sin esperar a conocer el criterio de la Fiscalía. Pide al juez que decrete la apertura de juicio oral y se anticipa en defender su posición ante una eventual inhibición del ministerio público a la hora de acusar. Cita expresamente la doctrina del Tribunal Supremo expresa en la sentencia de enero del 2010 en el llamado caso Atutxa. Razona el letrado de Rodríguez que en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura de juicio oral a instancia de la acusación popular cuando el fiscal y la acusación particular interesan el sobreseimiento. De todos, en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos no existe posibilidad de que se persone un particular, si el fiscal concurre con una acusación popular que pide la apertura de juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedirla en solitario.
Resalta el abogado que como los delitos carecen de un perjudicado concreto «y puesto que los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales son de indudable naturaleza colectiva (...) no cabe duda de que esta acusación popular está legitimada para instar en solitario, supuesto que no lo hiciera el ministerio público, la apertura del juicio oral», sostiene en su escrito.