Los magistrados que liberaron a El Negro se enfrentan a una inhabilitación de hasta 20 años
GALICIA
Jesús Cardenal solicita al Supremo que los deje en libertad provisional y que comparezcan los días 1 y 15 de cada mes La Fiscalía presentó ayer ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) contra los tres magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -Carlos Cezón, López Ortega y Carlos Ollero- que liberaron al narco Carlos Ruiz Santamaría, «El Negro».
10 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Éste aprovechó para huir tres semanas antes de que comenzara el juicio por la Operación Temple, en la que figura como acusado. Si la querella prospera, los tres magistrados se enfrentan a una pena de inhabilitación de 10 a 20 años. Además, la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial inició los trámites para decidir si abre un expediente disciplinario a los tres implicados. La actuación de la Fiscalía es histórica, ya que es la primera ocasión en la que se querella contra un tribunal, si bien advierte que la acusación se extenderá a otras personas que «en el curso de la instrucción resultaran presuntos partícipes del delito». La advertencia apunta, posiblemente, hacia el psiquiatra que emitió el informe sobre la depresión que padecía el reo en la cárcel, el cual los tres magistrados habrían tenido en cuenta para decretar la libertad bajo una fianza que 30.120 euros (5,01 millones de pesetas) que El Negro pagó en metálico. El escrito, de once folios, fue presentado por el fiscal general, Jesús Cardenal; el teniente fiscal del Supremo, José María Luzón (firmante), y los jefes de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Eduardo Torres-Dulce y Leopoldo Aranda. Suspensión cautelar En la querella se solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que acuerde la libertad provisional de los tres magistrados, con la obligación de que comparezcan los días 1 y 15 de cada mes. Asimismo, le pide que la admita a trámite y lo comunique al Poder Judicial para que suspenda cautelarmente a los jueces, quienes, precisamente, el lunes deberían iniciar el juicio contra los inculpados en la Operación Temple, El Negro incluido. El delito del que se les acusa (artículo 446.3 del Código Penal) está penado con una multa de 12 a 24 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de 10 a 20 años.