España defendió en solitario la rápida adopción de una directiva que considera delito los sentinazos El proyecto prevé castigar las infracciones graves con penas de cárcel.
09 oct 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El proyecto de la Comisión Europea para terminar con la impunidad de los causantes de vertidos ilegales en el mar encontró ayer una dura oposición en países con importantes intereses en el transporte de crudo, como Reino Unido o Grecia y, en menor medida, Países Bajos y Bélgica, naciones que finalmente lograron obtener un apoyo mayoritario para frenar la represión penal de los contaminadores. España se quedó sola a la hora de defender en el Consejo de Transportes de la Unión Europea (UE) la rápida aplicación de la propuesta de directiva para aplicar sanciones penales ?incluidas penas de prisión? a quienes provoquen sentinazos de forma voluntaria o por negligencia grave. El resto de los países miembros apoyaron llevar el texto al Consejo de Justicia e Interior, donde las decisiones se toman por unanimidad. Este sistema beneficiaría la postura griega y británica, pues para dar luz verde a la directiva habría que descafeinarla hasta contentar a todas las sensibilidades. La mayoría también siguió a griegos y británicos para que las sanciones se puedan cubrir mediante seguros. En este punto, el subsecretario del Ministerio de Fomento, Adolfo Menéndez, fue especialmente duro con estos países, al considerar «inmoral y jurídicamente inaceptable» su propuesta. Menéndez instó a las naciones reticentes a «ser coherentes». Cambios de posición La directiva ha sido estratégicamente congelada y la propia comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, criticaba ayer el cambio de posiciones de algunos Estados. De Palacio se mostró esperanzada en que, una vez el texto sea analizado por el Parlamento, se pueda buscar una fórmula para castigar estos hechos dejando cierta autonomía a los países.