La comisaria Loyola de Palacio dice que carece de un «plan B» para relanzar la iniciativa Un margen de veinte votos acaba con una tramitación que duró tres años.
20 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.El Parlamento Europeo arrojó ayer a la papelera casi tres años de trabajo al tumbar definitivamente la directiva sobre la privatización de los servicios portuarios, una propuesta legislativa impulsada con mucho mimo por la eurocomisaria de Transportes, Loyola de Palacio, pero que enfurecía a los poderosos sindicatos de estibadores de todo el continente. Por un estrecho margen de veinte votos ?209 a favor y 229 en contra?, el pleno de la Eurocámara rechazó ayer en tercera y última lectura un texto en torno al cual no acababan de ponerse de acuerdo el Consejo y el Parlamento, es decir, los Estados miembros y los grupos políticos. La fuerzas de centro-izquierda aprovecharon la tramitación parlamentaria para forzar una liberalización portuaria con un rostro más social, con el propósito de que no provocara despidos o alentase una desregulación laboral. Desvirtuar la directiva Mediante varias enmiendas, socialistas, verdes y neocomunistas fueron limitando las posibilidades de la llamada autoasistencia, que permite a los armadores descargar un barco con personal propio, sin necesidad de recurrir a una empresa de desestiba, al tiempo que abogaron por dejar al margen de la privatización el servicio de prácticos. Para la comisaria De Palacio y para el Consejo, semejantes propósitos rompían el propio espíritu de la directiva, por lo que optaron por rechazar las enmiendas y acudir al procedimiento de conciliación con la Eurocámara, donde estas diferencias no acabaron de zanjarse. El resultado ahora es que el proyecto de privatización de los servicios portuarios es historia y se convertirá en una de las tres directivas que la UE no pudo aprobar durante la presente legislatura. Volver a impulsar un proyecto similar requeriría empezar casi desde cero y, cuando menos, emplear unos tres años de trabajo. Y este plazo, a seis meses vista de que se disuelva la Eurocámara y se modifique incluso el Ejecutivo comunitario, es algo de lo que carece el gabinete de Loyola de Palacio. «No tenemos un plan B», manifestó el portavoz de la comisaria, Gilles Gantelet, antes de recalcar que lo mejor es «saludar el voto de la Eurocámara y asumir el rechazo». La propuesta de Bruselas pretendía lograr para los puertos lo mismo que para los aeropuertos, es decir, introducir competencia en los servicios para abaratar los costes finales. Para el caso de los aviones, la fórmula funcionó; pero al traspasarla a los barcos, hizo aguas, sobre todo porque se topó con el poderoso lobby de los estibadores, que celebraron contundentes protestas a lo largo y ancho de Europa, llegando a protagonizar altercados a las puertas mismas de la Eurocámara. Puertos con dimensión Estaba previsto que la directiva se aplicara sólo a puertos de cierto tamaño, a los que mueven al año más 1,5 millones de toneladas de carga o 200.000 pasajeros. Aplicado a Galicia, la polémica directiva afectaría a todos los puertos de interés general: A Coruña, Vigo, Ferrol-San Cibrao, Marín y Vilagarcía.