Las cifras de la sanidad pública

Para entender mejor la situación financiera de la sanidad pública española, así como la propuesta presentada por Rodríguez Zapatero, conviene conocer algunas cuestiones previas. Así, el gráfico 1 muestra la evolución del gasto sanitario público, expresado en términos PIB, durante el período 1986-2002. El gasto tiene en principio un crecimiento sostenido, una cima en 1993 (6,1% del PIB) y finalmente un descenso que se estabiliza en el 5,4%, cifra inferior en un punto a la media europea. Pero el estancamiento del gasto sanitario público, realizado en un contexto de crecimiento económico, responde al objetivo silenciado de canalizar parte de la demanda de servicios sanitarios hacia el sector privado. En todo caso, el gráfico 2 muestra como el peso económico de nuestra sanidad pública está a la cola del ránking europeo, observándose además procesos de divergencia evidentes (en 1995 el gasto sanitario público por habitante, expresado en términos de paridad de poder de compra, era en España el 70% de la media europea; en el 2002 ese porcentaje se redujo al 67%). Oferta enmarañada Pues bien, la oferta presentada por Rodríguez Zapatero es enmarañada e imprecisa, pudiendo obtener Galicia en el 2006 recursos adicionales -por aumento de la transferencia general e impuestos especiales (alcohol y tabaco)- entre 45/50 millones de euros, además de otros recursos procedentes de fondos y garantías que estimamos en 40 millones. Por otro lado, estarían los anticipos (que no es dinero adicional) y la mayor capacidad normativa sobre otros impuestos especiales (que en principio no se aplica). En total, unos 180/200 millones de euros, de los cuales la mitad son anticipos. O sea, que las cifras son distintas según quien las interprete. Y es que no se puede pretender la convergencia en el gasto social con Europa, sin converger también en esfuerzo fiscal. Así, la distancia entre el esfuerzo fiscal español y la cifra media europea oscila en torno a seis puntos, equivalentes a unos 48.000 millones de euros anuales. Conviene, pues, ser conscientes de nuestras limitaciones financieras a la hora de exigir y resolver los problemas del sector público. Ocultación interesada Los déficits del Sergas en el período 1996-2004 se expresan en la práctica a través del gasto no contabilizado, lo que constituye una ocultación interesada que hasta ahora sólo investiga y aflora el Consello de Contas. El gráfico 3 muestra la cuantía y evolución de esos déficits, donde los gastos en farmacia representan el 80% de los mismos. O sea, que nuestro déficit sanitario actual no es fruto de la inmigración, ni de una transferencia originaria deficiente (expresado en euros por habitante, el presupuesto sanitario gallego es de los más elevados, además de beneficiarse de un saneamiento genérico producido en 1996), sino básicamente del gasto farmacéutico y de ciertas deficiencias en la gestión. El aumento del gasto farmacéutico se origina a su vez por precios elevados y por una excesiva influencia de la industria para incorporar nuevos medicamentos en el sistema y condicionar la prescripción. Este gasto también se explica porque el sistema está masificado y la visita médica se resuelve en breve tiempo mediante receta. Por eso Galicia es, junto a la Comunidad Valenciana, una de las autonomías con porcentajes presupuestarios de farmacia más elevados. En todo caso, la sanidad pública es una competencia compartida entre las comunidades autónomas y la Administración central. Sobre ambas recae la responsabilidad de resolver sus problemas. Ya sabemos que los impuestos incomodan siempre a los políticos, pero el ciudadano usuario y contribuyente del servicio necesita siempre información veraz. El debate actual sobre la financiación sanitaria debería ser una buena lección para todos. Xaquín Álvarez Corbacho es catedrático de Economía Aplicada.

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