Crónica Las exigencias de Villar Mir para permitir que el tren pase por la mina que le adjudicó la Xunta en 1999 amenazan con retrasar más la conexión con la Meseta
17 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.La mina de cuarzo de Serrabal, situada en las estribaciones del Pico Sacro, en Boqueixón, tapona la llegada del AVE a Galicia desde hace cuatro años, aunque las pretensiones económicas de su propietario, Juan Miguel Villar Mir, y la indecisión del Gobierno central a la hora de expropiar parte de la instalación pueden aletargar varios años más la conexión ferroviaria entre la capital gallega y Ourense. El historial que rodea al último gran escollo que tiene el AVE gallego está aderezado con negocios en declive, influencias políticas, posibilidad de pelotazos y alguna que otra agitación social. El yacimiento de Serrabal fue concedido en 1999 por la Xunta a una empresa en la que participaba Villar Mir, que fue ministro con Fraga en el gabinete de Arias Navarro. La firma Ramsa acabó desembolsando unos 75 millones de euros para hacerse con el control de la mina, pese a lo cual Villar Mir reclama 895 millones de euros (12 veces más de lo que le costó) por una expropiación parcial y el lucro cesante mientras duren las obras. Deslocalización El Gobierno central no está dispuesto a conceder más de 300 millones por la operación, que equivaldrían al coste de los 89 kilómetros de autovía prevista entre Santiago y Lugo. Entretanto, los trabajadores de Serrabal elevan el tono de las movilizaciones para defender sus puestos de trabajo, aumentando de paso el valor de la mina. Fuentes próximas a la empresa no descartan que Villar Mir pueda amenazar con una deslocalización industrial en el caso de que el AVE trunque sus planes. En este contexto, la respuesta que dio el Gobierno central es amagar con un nuevo retraso. Al menos en esa dirección apunta el anuncio realizado esta semana por Antonio González, presidente del Adif, el órgano público encargado de ejecutar el AVE, que se mostró dispuesto a estudiar un trazado alternativo a la mina de Serrabal si existe consenso en el Parlamento gallego, un señuelo con el que, al menos de momento, no ha tragado el Gobierno de la Xunta.