Los socios de Construcuatro admiten sobreprecios en las viviendas protegidas de Navia, pero «para mejorar la calidad»
GALICIA
El consejero delegado de la constructora Construcuatro, José Manuel Torres, y el presidente, Eugenio Sobral, admitieron ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo que la empresa cobró sobreprecios en los pisos protegidos del polígono vigués de Navia pero con la finalidad de «mejorar las calidades» de los inmuebles. Al parecer, uno de ellos dijo que le hacían un «favor» a los compradores y que algunos, en agradecimiento, incluso, les regalaban botellas de vino.
Falta por declarar el tercer copropietario, el pontevedrés Telmo Martín. Su comparecencia será algo que debe decidir la jueza, si la acusación particular pide que declare, ya sea como testigo o como imputado.
La versión de la mejora fue puesta en entredicho por una treintena de dueños del casi centenar de pisos afectados. Aseguraron ayer que las viviendas no cumplían el pliego de la memoria de calidad. Y relataron una larga lista de defectos como ralladuras en el parqué y las ventanas Climalit, falta de molduras de escayola, problemas en los armarios empotrados o ausencia de persianas en el salón.
El presidente de Construcuatro fue recibido en el juzgado con gritos de indignación lanzados por cinco propietarios que vestían camisetas donde indicaban la cifra de dinero que la promotora, supuestamente, les cobró irregularmente. Algunos llegaron a pagar en la sombra hasta 36.600 euros en dinero negro, que tuvieron que reunir en apenas dos días, «o nos decían que nos quedábamos sin piso», aseguraron. Otros compradores pagaron menos a la caja B porque convencieron a los promotores de que era imposible conseguir tanta cantidad y acordaron que el resto se lo adeudarían. Prueba de ello es que muchos de estos pisos de la calle Teixugueiras tienen doble hipoteca. «Lo único que queremos es que nos devuelvan nuestro dinero», señala Pedro Brites, uno de los afectados.
Los sospechosos se enfrentan a posibles acusaciones por delito fiscal y coacciones, entre otros. La Xunta multó con un millón de euros a la firma constructora y estudia un expediente sancionador. Según los afectados, los socios consignaron posteriormente el dinero cobrado en negro en Hacienda al saber que eran investigados y pagaron una multa.
La jueza impuso silencio a las partes, por lo que los abogados no hicieron declaraciones.