Tras una larga negociación, los cuatro acusados, dos médicos, una farmacéutica y un auxiliar de farmacia, aceptaron ayer en la Audiencia de Pontevedra penas de prisión por la trama de las recetas falsificadas. Lo cierto es que el reconocimiento de las imputaciones posibilitó que el representante del ministerio público, el propio fiscal jefe de Pontevedra, accediese a rebajar su petición inicial de condenas: Si para los facultativos Pedro Francisco Lorenzo Pin y José Manuel Rodríguez Macías solicitaba cinco años y medio de prisión e igual período de inhabilitación profesional, finalmente se redujo a un año y medio de cárcel y dos de inhabilitación; mientras que para la responsable de la farmacia de As Neves, Josefa Basalo Vázquez, y su empleado José Carlos Alonso Chaves pasó de tres años a seis meses y unas fuertes multas económicas. Y nada de inhabilitación.
El tribunal declaró que estas penas son firmes, toda vez que todas las partes anunciaron que no tenían intención de interponer un recurso. En cuanto a la ejecución, el fiscal precisó que no se oponía a la suspensión de la pena de prisión, si bien mostró más reticencias en cuanto a un indulto que dejase la inhabilitación sin efecto. En este sentido, el ministerio público señaló que tenía intención de estudiar la petición por escrito antes de pronunciarse al respecto.
Reconocieron los hechos
De este modo, los cuatro encausados reconocieron haber cometido una falsedad en documento oficial en concurso con una estafa por importe de algo más de seis mil euros, en la que el Servizo Galego de Saúde fue la víctima. De hecho, entre la treintena de testigos que ayer tendrían que haber comparecido si el juicio se celebrase se encontraba el anterior conselleiro de Sanidade durante la etapa popular, José Manuel González, y altos cargos del Sergas.
En todo caso, los acusados asumieron los hechos imputados que sostuvieron los cargos contra ellos. Esto es, que una vez obtenían recetas referidas a medicamentos no cubiertos por la Seguridad Social o en blanco, las manipulaban «enmendando o tachando» la prescripción inicial por una segunda. Esta última normalmente se correspondía a un producto con un precio superior, si bien coincidía su denominación con el cupón-precinto que se adhería a la receta y «cuya procedencia no se ha podido acreditar».
El fiscal mantuvo que algunas de estas segundas prescripciones se hacían si el conocimiento ni la autorización de los facultativos, mientras que en otras ocasiones contaban con la colaboración de dos médicos. En todo caso, en lo que no parece haber la menor duda es en el hecho de que, «en todos los casos», los pacientes a los que, en principio, iban dirigidos los medicamentos no los recibieron.
Una vez con las recetas falseadas en su poder, alguno de los encausados se encargaba de facturárselas al Sergas. De este modo, defraudaron 6.047 euros, que ya han sido reintegrados a las arcas de la Administración.