La sintonía con Blanco y el recelo ante Salgado marcan la relación con Madrid

S. Lorenzo

GALICIA

Feijoo supera en el primer trimestre la negociación con Fomento para impulsar el AVE y prueba las tensiones políticas que condicionan el reparto de los fondos autonómicos

27 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Feijoo ha llegado a la Xunta sin tiempo para hacer el rodaje. La férrea labor de la oposición y la envergadura de la agenda de las últimas semanas han deparado cien días intensos, sin cortesías en Galicia y con el pacto del AVE y la financiación autonómica pendientes de cerrar con el Gobierno central.

Los contactos con José Blanco y Elena Salgado, con resultados dispares, abrieron los ojos a Feijoo ante las complejidades de la relación con Madrid. El relevo en el Ministerio de Fomento ha posibilitado que Feijoo consiga en tres meses el entendimiento que a Touriño le negaron durante casi cuatro años. Paradojas del Gobierno Zapatero. Blanco saca el AVE de la pugna política y Feijoo amarra un compromiso de 4.700 millones para ejecutar las obras en un plazo más acorde a criterios técnicos que a quimeras políticas.

Más laboriosa resultó la negociación del reparto de los fondos adicionales que el Ejecutivo socialista inyectará al sistema de financiación autonómica, un proceso en el que la cifra que finalmente percibirá Galicia todavía está sin concretar. Las tensiones políticas que, con la entrada de Blanco en Fomento, ya no obstaculizan el acuerdo para la alta velocidad sí condicionaron el pulso financiero. Esa pugna endureció el mensaje de guante blanco que Feijoo había ensayado ante Zapatero en la Moncloa, para acusar al Gobierno de romper la solidaridad interterritorial y ayudar a las comunidades ricas a salir de la crisis mientras penaliza a las pobres. La negociación también retrató la aspiración de Feijoo de alimentar un perfil como líder emergente del PP más allá de O Padornelo, aunque el liderazgo de su alianza con el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no pasó esta vez de Valladolid.

Mientras el nuevo Gobierno afina su argumentario para arañar 34 millones más sobre los 620 previstos en compensación por la población dispersa, el declive demográfico del país vuelve a situar a Feijoo ante un drama que también forma parte del debate contable.