La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha dado carpetazo definitivo al contencioso que enfrentaba desde hace más de tres años al sindicalista de la enseñanza Eduardo Álvarez González y al juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián.
Todo empezó con una demanda del sindicalista en la que reclamaba 100 euros a una lavandería que le extravió una alfombra. La demanda no prosperó por falta de justificación documental.
Cuando le fue notificada la resolución judicial, Eduardo Álvarez presentó una queja contra el juez porque la resolución le fue notificada en castellano y con el topónimo La Coruña y la respuesta a su queja se envió a la prensa con su identidad completa. El tema llegó al Tribunal Supremo, que estimó parcialmente el recurso del demandante contra una primera resolución del CGPJ, al no pronunciarse sobre la última parte de la queja.