Autonomías socialistas que respaldaban el aplazamiento se echaron finalmente atrás en el consejo de política fiscal
28 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno rechazó ayer de plano la propuesta de la Xunta de aplazar el pago de las cantidades cobradas de más como consecuencia de las liquidaciones negativas de los anticipos a cuenta por parte del Estado realizados en los ejercicios 2008 y 2009. La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, planteó esta propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y recabó el apoyo de La Rioja, Valencia y Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP. Si la normativa se aplica en los términos actuales, la Xunta estima que tendrá que devolver entre los años 2011 y 2016 una cantidad que superaría los 2.600 millones de euros, algo que se considera inviable sin reducir servicios básicos. Además de aplazar el inicio del pago hasta que el crecimiento del PIB alcance el 2%, la Xunta propone fraccionar la devolución en diez años, en lugar de los cinco previstos.
Ninguna autonomía gobernada por el PSOE se sumó ayer a este planteamiento, a pesar de que varias de ellas se habían mostrado favorables en otras ocasiones. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, había asegurado ayer por la mañana en Santander, donde coincidió con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que su comunidad «no está en condiciones» de devolver los anticipos a cuenta si no es un «tiempo suficientemente dilatado» e introduciendo «algo de racionalidad en el proceso». Sin embargo, durante la reunión del consejo de ayer, Extremadura no pidió la ampliación del plazo. Tampoco lo hizo Andalucía, a pesar de que en reuniones anteriores sí lo había planteado, ni Aragón, que se había mostrado favorable.
Petición minoritaria
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, rechazó la moratoria solicitada por la Xunta. Consideró que el plazo establecido es «razonable» y recordó que el año pasado ya se aprobó la ampliación de cuatro a cinco años en el fraccionamiento del pago. Explicó que se trata de un acuerdo firmado por todas las autonomías en diciembre pasado. «Siendo conscientes de la situación económica y las dificultades presupuestarias, el Gobierno ha incorporado esas previsiones en el objetivo de gasto y no vemos razones para modificar una ley vigente y aprobada por todos», dijo Salgado, que recordó que la petición «no fue general».
La conselleira Fernández Currás aseguró que, a pesar de la negativa del Ejecutivo, la Xunta no renuncia a seguir planteando algo que considera «una petición justa» y destacó el hecho de que algunas comunidades socialistas se echaran finalmente atrás a la hora de reclamar al Gobierno el aplazamiento y la ampliación del fraccionamiento del pago. Por su parte, Alberto Núñez Feijoo advirtió también ayer de que «nadie puede dar algo que no tiene» y explicó que «si el Estado autorizó un gasto, hay una corresponsabilidad en el error de la previsión de ingresos».