Madrid reitera que la Xunta no recibirá 243 millones que computa para el 2011

Serafín Lorenzo SANTIAGO/LA VOZ.

GALICIA

Hacienda asume que la ley financiera la faculta para pagar el Fondo de Cooperación antes del 2013, como pide Galicia

27 nov 2010 . Actualizado a las 02:51 h.

Los ajustados Presupostos con que el Gobierno de Feijoo pretende salvar los servicios básicos en el 2011 siguen en peligro. La demanda formulada por la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, en la reunión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebró el miércoles para que Hacienda abone el año que viene el Fondo de Cooperación no ha modificado el criterio de la ministra Elena Salgado de ceñirse a la ley financiera y liquidar esa partida en el 2013. Esta tesitura privaría a Galicia de 243 millones de euros que la Xunta ha presupuestado para el 2011, lo que abocaría al Ejecutivo autónomo a elevar por encima de los 1.400 millones el recorte de 1.177 aplicado en las cuentas.

El Gobierno gallego volvió a recibir calabazas a una pretensión en la que Feijoo abundó el jueves, cuando reclamó el pago del Fondo de Cooperación para poder afrontar la devolución de los 2.600 millones que la Xunta adeuda al Estado por las liquidaciones negativas de los anticipos recibidos en los ejercicios 2008 y 2009. La posibilidad que Hacienda ofrece a las comunidades de recurrir al endeudamiento para realizar esas devoluciones no satisface a la Xunta. El propio Feijoo advierte que esa vía no solventa la papeleta del Gobierno gallego, que se mantiene firme en su reivindicación de que la misma ley de financiación autonómica que invoca Hacienda para posponer hasta el 2013 el abono del Fondo de Cooperación habilita al ministerio para poder desbloquear su liquidación a lo largo del próximo ejercicio.

El departamento de Elena Salgado admitió ayer que la norma financiera 22/2009 también faculta a Hacienda para adoptar la decisión de abonar ese fondo durante el 2011, aunque recalcó que no se ha planteado esa posibilidad a la que se aferra la Xunta, que espera que sea objeto de debate en próximas reuniones técnicas con el ministerio.

Petición compartida

Con la confianza en que Hacienda rectificará en su propósito de mantener el pago en el 2013, la Xunta optó por incorporar a las cuentas del 2011 esos 243 millones. Galicia no está sola en esta batalla. Al menos otras dos comunidades, con gestores de distinto signo político, han obrado del mismo modo. Son Castilla-La Mancha, que preside el socialista José María Barreda; y Castilla y León, que dirige el popular Juan Vicente Herrera. En la primera, el importe del Fondo de Cooperación para el 2011 asciende a 88 millones. La consignación de la comunidad vecina es más similar a la de Galicia y suma 211 millones.

Aunque el Gobierno de Feijoo liga a la obtención de esos ingresos su capacidad para pagar al Ejecutivo central por la liquidación negativa de los anticipos, de modo que los 243 millones eviten a la Xunta tener que endeudarse para sufragar 2.600, el Fondo de Cooperación es imprescindible para mantener el frágil equilibrio de unos Presupostos que deben neutralizar un déficit de 395 millones entre lo que el Estado transferirá a Galicia para mantener las prestaciones esenciales y su coste real. Si se queda sin los 243 millones, los servicios básicos se verán seriamente comprometidos, la Xunta tendrá que optar entre endeudarse o retener crédito para afrontar las devoluciones al Estado.

Estabilidad presupuestaria

Las nueve comunidades que piden aplazar esos pagos a diez años ya han advertido a Hacienda que su pretensión de cobrar en cinco mermará la capacidad para atender los servicios.

La última reunión del Consejo de Política Fiscal reforzó las credenciales de la Xunta para negociar esas propuestas, ya que Galicia es, con La Rioja y Madrid, una de las tres comunidades que cumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria en el 2009. Galicia se endeudó por los 548 millones autorizados. Facenda calcula que este año volverá a cumplir, gracias al sistema de facturación electrónico que permite pagar a los proveedores en 30 días y evitar concentrar la ejecución a final de año, como hacen otras comunidades que tienen más problemas que Galicia para colocar su deuda.