El abundante material que el fiscal Izaguirre, el inspector de policía Antonio Nieto y otros agentes del Cuerpo Nacional de Policía se llevaron en los numerosos registros que practicaron en el mes de mayo del 2006 acabó almacenado en decenas de cajas de cartón cerradas con una simple cinta adhesiva de la policía. Es posible que contengan más de 50.000 folios.
Todas las pruebas quedaron amontonadas, sin ningún tipo de control, a pesar de su supuesta importancia, en una habitación del sótano del edificio judicial. Ni tan siquiera pasaron a las dependencias de los archivos en los que hay estanterías y existe un relativo orden.
En su momento, la policía cargó las cajas en un furgón y, finalmente, los agentes las descargaron en la habitación. También trascendió que allí fueron a parar los discos duros sacados de algunos ordenadores. A pesar de ser pruebas consideradas como vitales, ni tan siquiera fueron abiertos o descargados para evitar que el paso del tiempo y las malas condiciones de conservación pudieran acabar con la documentación. Si el agua procedente de las cañerías del edificio los llegó a afectar es posible que los dañase definitivamente, según apuntaron algunos expertos.
Todos son contratiempos para la operación Muralla, a la que solo faltaba que el agua se le viniese encima. A pesar de la magnitud y la relevancia de la investigación, el caso está sin resolver judicialmente y desde que se cerró, hace más de cuatro años, apenas hubo avances significativos o al menos no trascendieron a la opinión pública.
Retraso
De hecho, el abogado de uno de los imputados, que pidió no ser citado, lamentó que cuatro años y medio después de la detención de varias personas, vinculadas presuntamente con la adjudicación irregular de redacción de proyectos de obras programadas por la Diputación de Lugo y también de la colocación de señales de tráfico por parte de una misma empresa, todavía no se hubiese movido ficha, ni por parte del juzgado instructor, ni tampoco por la Fiscalía. En su opinión, el retraso perjudica enormemente a los imputados, que siguen sin saber qué es lo que va a ocurrir con este proceso judicial.
Un trabajo para expertos
Una parte del retraso de la operación Muralla hay que atribuirla a la falta de personal experto para interpretar buena parte de la documentación, de corte muy técnico.