El juez o el fiscal ya habían instado el archivo en tres ocasiones anteriores
22 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La magistrada Jimena Couso Rancaño, recién incorporada al Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol, resolvió ayer el sobreseimiento por prescripción de la causa por el accidente provocado por la plataforma Discoverer Enterprise hace 13 años. La madrugada del 13 de enero de 1998 este buque rompió amarras del muelle de Astano en el que se hallaba, en el sur de la ría ferrolana, y fue a la deriva hasta que colisionó contra el puente de As Pías. La imagen del gran artefacto marino empotrado en el tablero del puente dio la vuelta al mundo.
Las diligencias, en un comienzo con José Luis Aulet Barros como juez instructor, estuvieron siempre al borde del archivo. Primero por iniciativa de Aulet, con la oposición del fiscal, y luego al contrario: el ministerio público solicitó en dos ocasiones, en la última fase, el sobreseimiento.
El juicio, sin embargo, había quedado señalado para ayer como primer día y en el banquillo se iban a sentar dos directivos del astillero de Fene en aquel momento, Nicolás S.?F. y Jesús F.?M. No obstante, el testimonio clave para el proceso, el que fuera jefe de movimiento de buques en Astano, falleció poco después del siniestro.
¿Fue un hecho previsible o un suceso fortuito, un «act of God»? como dicen los británicos, en situaciones como esta y expresión que refiere el propio Aulet en una de sus actuaciones.
Cientos de taxistas
El criterio de la acusación particular, ejercida por cientos de taxistas de ambas márgenes de la ría y otros perjudicados, es que los partes meteorológicos advertían de que aquella noche podría haber peligro en el mar. Por eso imputaron un delito de imprudencia grave con resultado de estragos por entender que no se tomaron las medidas necesarias para evitar el accidente.
Los demandantes pedían un año de cárcel más la responsabilidad civil a cargo de la aseguradora del astillero. Pueden ser cifras importantes si se tiene en cuenta que también reclaman la compañía de autobuses Arriva (entonces, Iasa), grandes empresas como Megasa, Telefónica, la gasolinera próxima al puente, concellos, e incluso algunos particulares.
El fiscal José Luis Pillado basa su petición de la prescripción en el hecho de que hasta mayo del año 2006 no se imputó formalmente a uno de los encausados y hasta dos años después al segundo. Pasaron, por consiguiente, más de cinco años del plazo que indica la reforma del Código Penal del 2010 para este tipo de delitos. Asimismo, aplica la versión más beneficiosa para el reo, y recuerda también que durante la instrucción de la causa solo se tomó declaración en calidad de imputado a uno de los dos.
Las acusaciones particulares, sin embargo, esperan conocer el texto de la resolución judicial para decidir si recurren.