El caso del exdiputado del PP Javier Escribano, avisado de que su teléfono estaba intervenido según ha colegido la policía encargada del caso del supuesto cohecho que le afecta, no es único ni mucho menos. En los últimos años, en al menos cuatro investigaciones importantes -por narcotráfico, delitos urbanísticos y ahora el asunto de los áridos tóxicos- hubo quiebras del secreto. ¿Quién fue? Resulta difícil señalar con el dedo porque en todos estos asuntos quienes se fueron de la lengua han quedado impunes. Unos apuntan a la policía o Guardia civil y otros al ámbito judicial, pero lo único cierto es que está comprobado que hubo fugas.
El más sonado ocurrió con la causa por supuestas irregularidades urbanísticas en Mugardos, la célebre operación Virgin. Los guardias civiles que en el 2007 registraron la vivienda de una técnico encausada se quedaron de piedra al encontrar una copia de la querella del fiscal en la que pedía que se le interviniese el teléfono.
Antes había ocurrido en la operación Nécora, en los años noventa, donde se acusaba a narcos arousanos. Ahora se ha sabido también que el grupo de supuestos narcotraficantes de Ferrol encausado el pasado verano por un alijo de cocaína intervenido en un contenedor en Colombia vivió cerca de una década con plena tranquilidad por quebrantamientos del secreto. Las operaciones Invernadero y Boliche fracasaron porque alguien los puso al corriente de que se les estaba investigando.
Peculiaridades
No es extraño que el juez ferrolano Morán Llordén reflejara esta situación la pasada semana en el auto que procesa a esta banda. «Esta organización criminal había pasado relativamente desapercibida para las autoridades españolas debido a las peculiares relaciones que mantenían sus integrantes con algunos miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado». Y no solo estos, sino que funcionarios de determinados registros y empleados bancarios los avisaban cada vez que un juez pedía información sobre el patrimonio de alguno de ellos. El juez Morán dice -en el mismo auto- que ello da una idea de «las capacidades económica, operativa y de relación» del grupo. De hecho, la causa que, al fin, permitió capturar al economista Lalo Pino y al empresario de discotecas Nano Seoane se inició por una información facilitada por la DEA norteamericana (la agencia antidroga) a las autoridades españolas cuando el contenedor con la cocaína, rumbo a Marín, fue detectado en el puerto caribeño de Cartagena de Indias (Colombia). Es decir, no fue fruto de una pesquisa española.
Funcionaban, según el mismo texto, como los grandes grupos de narcos arousanos importando directamente cocaína de Colombia y tratando con los prebostes de los carteles de aquel país. Pero ¿dónde se producen las fugas de información? Si uno le pregunta a los jueces responden que es en el bando de la policía o la Guardia Civil. Y si la pregunta es a los segundos, la respuesta es la contraria.
Impunidad
El PSOE ha pedido ahora que se investigue quién dio el chivatazo al exdiputado Escribano y el asunto ha pasado a un juzgado de instrucción de Ferrol, pero el resultado de esta indagación parece incierto.
Otras diligencias contra una funcionaria judicial de Ferrol por el caso Virgin han sido archivadas hace meses porque la Guardia Civil no consiguió pruebas suficientes para incriminarla. Es decir, el delito de quebrantamiento ha quedado impune en este caso, como en todos los demás.