Tras el resultado de una decena de detenidos y la conducción a vía muerta a Francisco Cacharro, que llevaba más de veinte años al frente de la Diputación Provincial de Lugo, los avatares de la operación Muralla son realmente de tebeo. La documentación incautada no llegó a ir al juzgado instructor porque allí no cabía. Fue desviada a un sótano de los edificios judiciales de Lugo. Allí quedó almacenada en cajas.
Al parecer, muchas de las cajas ni tan siquiera llegaron a ser abiertas. Supuestamente nadie se preocupó por tener en buenas condiciones de conservación los discos duros que también fueron sacados en su momento de algunas empresas. Los ordenadores pasaron por lo menos cuatro años abandonados sin que nadie los conectara para ver su contenido o copiarlo tras la incautación.
A mediados del 2010 buena parte de las cajas con la documentación, aparentemente almacenada sin ningún tipo de control, se mojaron como consecuencia de una inundación. Las nuevas tuberías del juzgado reventaron un día de tormenta. Parece que algunos de los documentos quedaron flotando y se deterioraron gravemente, aunque algunas fuentes judiciales señalaron que no se había inutilizado todo lo incautado en su momento.
A todo esto hay que añadir que el caso pasó por tres fiscales. De los más de cien mil folios, el actual fiscal aseguró en su momento haber visto 30.000.