Creen que se apropió de parcelas y casas sobre las que pende un embargo
01 abr 2013 . Actualizado a las 11:05 h.En A Illa de Arousa, de donde es originario, a Marcial Dorado no le llaman contrabandista ni narcotraficante. Le llaman roubaterras. Ese apodo que se había hecho muy popular en los años 90, cuando el entonces concejal socialista Julián García dijo que había contrabandistas «que andan a roubar as fincas da comunidade de montes», vuelve ahora a la actualidad a raíz de que la semana pasada al menos dos familias recibieron una carta de un juzgado de Madrid en la que se les informa del embargo de sus viviendas, sitas las dos en el lugar de Outeiro, cerca de la mansión del narcotraficante.
Los hijos de Francisco Cores Nieto, fallecido hace tres años, no se lo podían creer. La humilde vivienda que les había dejado su padre, y donde vive uno de sus nietos, figuraba a nombre de una empresa, Global Taunt S.L., vinculada a su vecino de toda la vida Marcial Dorado, ahora en prisión por un alijo de cocaína.
Pusieron el caso en manos de un abogado, Javier Durán, que no tardó en averiguar que dicha empresa -una promotora que no figura a nombre de Dorado, sino de unos supuestos testaferros suyos, tal y como investiga el juez Marlaska en un sumario por blanqueo- tenía una deuda de 1,8 millones con una inmobiliaria. Al no haberla satisfecho, se ordenó el embargo de 38 fincas que antes figuraban a nombre de sociedades de Dorado, pero que pasaron a ser propiedad de Global Taunt cuando al narcotraficante se le acusó de blanqueo y trató de desprenderse de su patrimonio.
En las diligencias abiertas por la reclamación de la deuda figura un contrato de compraventa a nombre de un tal Juan García que la familia Cores dice no saber quién es. Es más, sospechan que no existe y que Dorado se hizo con la finca, como con otras parcelas, aprovechando que no había títulos de propiedad: «Porque daquela, nos anos 30, non se facían». Lo mismo le pasa a la familia Parada, que también vive en Outeiro y que recibieron la misma carta. Al menos en este caso, sí tienen títulos de propiedad. En A Illa creen que se repite la jugada de los 90. «Quitaba os marcos das fincas e as escrituraba ao seu nome», recuerdan.
Pero los abogados lo tienen difícil. Tratarán de demostrar la nulidad de ese contrato de compraventa basándose en que la familia siempre pagó los tributos de la casa, tal y como certificó el Concello de A Illa. Una de las propietarias, Lidia Cores, reunió ayer un escrito con firmas de apoyo de los vecinos. «E está disposto a testificar todo o pobo», aseguró. Los Cores tienen fama de honrados, pero habrá que convencer a un juzgado madrileño de que no son testaferros de Dorado.